Las redadas migratorias en Minnesota escalan a los tribunales tras citaciones federales a autoridades estatales y locales, mientras crecen las protestas y la tensión política.
Las batallas legales en torno a las redadas migratorias en Minnesota entraron en una fase más intensa esta semana. Fiscales federales enviaron citaciones a la oficina del gobernador Tim Walz y a otros funcionarios estatales y municipales para exigir registros relacionados con la respuesta local a la operación migratoria en el área de Minneapolis–St. Paul.
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Las citaciones también alcanzaron al fiscal general Keith Ellison, a los alcaldes de Minneapolis y St. Paul y a autoridades de los condados de Ramsey y Hennepin. La investigación busca determinar si declaraciones públicas o acciones oficiales obstruyeron la aplicación de la ley federal de inmigración.
El movimiento del Departamento de Justicia llegó un día después de que el gobierno pidiera a un juez rechazar la demanda del estado para frenar las redadas. Ellison sostiene que la operación vulnera la libertad de expresión y otros derechos constitucionales.
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó las citaciones como un intento de intimidar a líderes locales. Afirmó que no se debe usar el sistema de justicia para castigar voces críticas. Desde la oficina del gobernador, Walz acusó al gobierno federal de priorizar la confrontación política sobre la búsqueda de justicia.
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Mientras tanto, se espera la visita del vicepresidente JD Vance a Minneapolis para reunirse con autoridades y líderes comunitarios, en un contexto marcado por la tensión y la vigilancia pública.
Greg Bovino, de la Patrulla Fronteriza, aseguró que más de 10.000 personas sin estatus legal fueron arrestadas en Minnesota en el último año. Organizaciones civiles cuestionan esas cifras y reclaman falta de transparencia.
Las redadas provocaron protestas constantes tras la muerte de Renee Good durante un operativo. Manifestantes increparon a agentes federales, mientras estos respondieron con gas lacrimógeno y detenciones. Videos difundidos en redes muestran entradas forzadas a viviendas y vehículos.
Una protesta dentro de una iglesia en St. Paul abrió otro frente de conflicto. Líderes religiosos denunciaron la interrupción del culto, mientras activistas exigieron la renuncia de un pastor vinculado al ICE. El pulso entre autoridades federales, líderes locales y la comunidad anticipa una larga disputa legal y política en Minnesota.
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