La Justicia hizo lugar a un planteo de la UBA y ordenó al Gobierno de Milei cumplir la ley de financiamiento universitario, incluyendo presupuesto, salarios y becas.
El Gobierno de Javier Milei recibió un nuevo revés judicial luego de que el juez federal Martín Cormick hiciera lugar al planteo presentado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ordenara cumplir varios artículos de la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución concedió una medida cautelar y declaró “inaplicable” la suspensión de la norma respecto de la UBA. Además, el magistrado consideró que existió “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” por parte del Poder Ejecutivo.
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El juez ordenó al Ministerio de Educación ejecutar inmediatamente los artículos 4, 5, 6 y 7 de la ley. Estas disposiciones establecen mecanismos de actualización para el presupuesto universitario, los salarios docentes, las becas estudiantiles y los gastos de funcionamiento.
La normativa vincula esas actualizaciones con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y contempla negociaciones salariales trimestrales.
La universidad había presentado su amparo en octubre del año pasado contra un decreto que, según su planteo, suspendía materialmente la aplicación de una ley aprobada por el Congreso.
La UBA sostuvo que el ajuste provocó una pérdida cercana al 40% del poder adquisitivo de los salarios y una reducción real de alrededor del 50% en los recursos destinados al funcionamiento.
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La decisión llegó minutos antes del inicio de la paritaria docente universitaria y modificó el escenario de negociación entre el Gobierno y los gremios.
Cormick también advirtió sobre “perjuicios graves de imposible reparación ulterior” para trabajadores y estudiantes, además de riesgos para hospitales universitarios, investigación, extensión y otras funciones de las instituciones públicas.
El fallo sigue el criterio adoptado por la Corte Suprema en junio y una resolución previa vinculada al Consejo Interuniversitario Nacional.
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