Santa Fe busca declarar la emergencia por violencia de género tras registrar 32 feminicidios y 60 intentos de femicidio en 2026, según datos de MuMaLá.
El bloque del Frente Amplio por la Soberanía (FAS) propone declarar por dos años la emergencia provincial en violencia de género en Santa Fe, ante el aumento de femicidios e intentos de femicidio registrados durante 2026.
La iniciativa, impulsada por Claudia Balagué, Carlos del Frade y Fabián Palo Oliver, llegará a la Cámara de Diputadas y Diputados provincial y busca fortalecer las políticas públicas de prevención, asistencia y erradicación de las violencias de género.
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La propuesta contempla la creación de un Plan de Acción elaborado con participación de los tres poderes del Estado, municipios, comunas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en violencia de género.
Según los datos del Observatorio Nacional de MuMaLá, entre el 1 de enero y el 18 de agosto de 2026 Santa Fe registró 32 femi(ni)cidios. De ese total, 15 fueron directos o íntimos, uno correspondió a un travesticidio, cuatro fueron vinculados, tres ocurrieron en contextos de narcotráfico y crimen organizado y nueve permanecen bajo investigación.
La cifra supera los 30 femicidios que el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Seguridad provincial informaron para todo 2025. Los intentos de femicidio también aumentaron. Hasta el 18 de agosto se contabilizaron 60 casos, frente a los 40 registrados durante el mismo período de 2025. Solo durante los primeros 18 días de agosto, tres feminicidios y un travesticidio ocurrieron en la provincia. Tres de esos casos tuvieron lugar en Rosario.
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Los legisladores destacaron otro dato: de los 15 femicidios directos registrados, solo una víctima había denunciado previamente a su agresor y contaba con una medida de restricción.
Para Gabriela Sosa, dirigente nacional de MuMaLá y participante en la elaboración del proyecto, la situación exige una respuesta estatal urgente y recursos acordes con la magnitud del problema. Sosa sostuvo que declarar la emergencia permitiría destinar y redireccionar partidas presupuestarias hacia programas de prevención, asistencia y abordaje territorial de las violencias de género.
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