El desahucio de una mujer de 88 años, dependiente y víctima de violencia de género, fue aplazado en Asturias mientras familiares y organizaciones buscan frenarlo.
El desahucio de Argentina, una mujer de 88 años con graves problemas de salud y víctima de violencia de género, continúa generando preocupación en Asturias. El lanzamiento previsto para el 10 de junio fue aplazado por diez días, aunque el procedimiento judicial sigue en marcha.
La mujer vive encamada, necesita cuidados permanentes y ha residido durante más de cuarenta años en la vivienda ubicada en Grado. Organizaciones sociales y familiares intentan impedir que abandone el lugar donde desea pasar sus últimos años.
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El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias explicó que el acuerdo alcanzado con la representación legal de la propiedad permitió ganar tiempo, pero no puso fin al desahucio. Una vez concluido el plazo, el juzgado podría fijar una nueva fecha para ejecutar el lanzamiento.
La familia había logrado suspender otros intentos mediante recursos legales, aunque actualmente el proceso se encuentra en una etapa avanzada.
La situación ha despertado una amplia reacción vecinal debido al delicado estado de salud de la afectada. Argentina presenta demencia, problemas cardíacos y renales y cuenta con un grado de dependencia del 83 %, según las organizaciones que la acompañan.
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El inmueble pertenece actualmente a su exmarido, quien impulsa la demanda de desahucio. De acuerdo con el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, el hombre fue condenado por violencia de género en 2021 y también recibió una condena por tenencia ilícita de armas.
Las organizaciones sostienen que el demandante no utiliza la vivienda como residencia habitual y han solicitado la intervención urgente de las autoridades autonómicas para evitar el traslado.
Los representantes del sindicato trabajan en un informe médico para demostrar ante la justicia que un cambio de residencia podría poner en riesgo la vida de la mujer.
Además de buscar una solución para este caso, las organizaciones reclaman mayores garantías para proteger el derecho a la vivienda y evitar que personas en situación de extrema vulnerabilidad enfrenten procesos similares.
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