Estados y ciudades demandaron al gobierno de Trump por una regla que amplía la discreción para negar green cards a inmigrantes que usan beneficios públicos.
Veintidós estados, el Distrito de Columbia y varias ciudades presentaron demandas contra una nueva norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que amplía los criterios de “carga pública” para inmigrantes que solicitan la residencia permanente. La regla está prevista para entrar en vigor el 18 de septiembre.
La demanda estatal está encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James. California, Nevada, Colorado, Hawái, Massachusetts, Michigan, Nuevo México y Wisconsin figuran entre los estados que participan en el litigio. En un caso separado, Nueva York, Chicago, San Francisco y Seattle también demandaron al Gobierno federal.
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La política recupera elementos de una regla adoptada durante el primer mandato de Trump y posteriormente abandonada por el gobierno de Joe Biden. La normativa anterior de Biden limitaba la consideración de beneficios principalmente a ciertos programas de asistencia en efectivo.
La nueva regulación permite a los funcionarios migratorios considerar una gama más amplia de beneficios públicos al evaluar cada solicitud. Entre ellos pueden entrar programas de alimentación y atención médica, según los demandantes.
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Los estados y ciudades sostienen que la falta de límites claros podría llevar a familias inmigrantes a evitar programas a los que tienen derecho por temor a perjudicar futuras solicitudes migratorias.
James afirmó que la norma podría hacer que las familias tengan que elegir entre recibir asistencia y buscar un estatus legal.
El Departamento de Seguridad Nacional rechazó esas advertencias y defendió la regulación como una herramienta para determinar quién podría convertirse principalmente en dependiente de beneficios públicos.
Las demandas sostienen que el DHS excedió su autoridad y que la norma contradice la interpretación histórica de la legislación federal sobre “carga pública”. Ahora serán los tribunales quienes deberán determinar si la regulación puede entrar en vigor.
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