Una reforma a la ley de biocombustibles amenaza con cerrar hasta 14 plantas pyme y destruir casi 10.000 empleos, mientras el mercado favorece a grandes aceiteras.
La reforma a la ley de biocombustibles en Argentina abrió un fuerte conflicto entre las pequeñas productoras de biodiésel y las grandes aceiteras exportadoras. El proyecto, que ya obtuvo media sanción en el Senado y ahora avanza en Diputados, reduciría el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5 % al 4 % para las pymes, mientras habilita un mercado de libre negociación de hasta el 6 % para las empresas de mayor escala.
Las 25 pequeñas empresas del sector advierten que la medida puede llevar al cierre de 14 plantas y poner en riesgo cerca de 9.500 empleos directos e indirectos. Además, sostienen que la producción destinada a las pymes caería casi a la mitad, dejando sin actividad a varias plantas ubicadas fuera del polo portuario de Rosario.
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Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb), aseguró que la reforma favorece la concentración del negocio en un puñado de grandes aceiteras que ya controlan la materia prima y gran parte del mercado.
El sector también advierte que el impacto alcanzaría a unas 400 extrusoras de soja, además de industrias vinculadas a la producción de glicerina, bioplásticos y otros derivados de alto valor agregado.
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Frente al proyecto oficial, las pymes presentarán una alternativa que eleva el corte obligatorio al 12,5 % y plantea un sistema segmentado mediante licitaciones competitivas.
La propuesta reserva un 5 % del mercado para pymes del interior, un 2,5 % para pequeñas empresas del polo portuario y deja un 5 % para libre competencia.
Las empresas sostienen que este esquema mantendría la competencia sin provocar una concentración que afecte el empleo, la producción regional y una industria que factura más de 1.000 millones de dólares al año y contribuye a reducir las emisiones frente al gasoil fósil.
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