Migrantes venezolanos enviados a una prisión en El Salvador reclaman justicia tras un fallo en EE.UU. que ordena otorgarles debido proceso legal.
Un grupo de migrantes venezolanos que Estados Unidos trasladó a una prisión en El Salvador exigió justicia este viernes, días después de que un juez federal en Washington ordenara al gobierno estadounidense garantizarles el debido proceso legal. Los hombres ofrecieron una conferencia de prensa en Caracas, donde expresaron su esperanza de que organizaciones jurídicas impulsen sus demandas ante los tribunales.
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El fallo judicial obliga a Estados Unidos a conceder audiencias individuales a 252 venezolanos o, en su defecto, permitir su regreso al país. La decisión cuestiona la acusación del gobierno de Donald Trump, que los vinculó con la pandilla Tren de Aragua y los sometió a una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para justificar su deportación.
Durante el encuentro con periodistas, varios migrantes relataron presuntos episodios de tortura física y psicológica sufridos en la prisión salvadoreña. Andry Blanco afirmó que buscan justicia ante el mundo y apoyo de organismos internacionales para evitar nuevas vulneraciones de derechos humanos.
Los testimonios también describieron las secuelas emocionales que enfrentan tras su retorno. Algunos hombres dijeron que viven con miedo de salir de casa o interactuar con autoridades, debido a los abusos que aseguran haber padecido durante su detención.
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El gobierno venezolano organizó la conferencia y aseguró que contrató servicios jurídicos para respaldar a los migrantes. Camilla Fabri, viceministra de Relaciones Exteriores para Comunicación Internacional, confirmó que trabajan con abogados en Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos para preparar una demanda contra la administración Trump.
Los migrantes llegaron a El Salvador en marzo y regresaron a Venezuela en julio como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro. Aunque algunos no desean volver a Estados Unidos, todos coinciden en una exigencia central: que se esclarezcan los hechos y se reparen las violaciones denunciadas.
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