En América Latina, la pobreza golpea más fuerte a las mujeres. La desigualdad económica y la falta de reconocimiento del trabajo de cuidado perpetúan esta injusticia.
Erradicar la pobreza en América Latina exige mirar de frente la desigualdad de género que la perpetúa. Aunque la región ha avanzado en educación y derechos, las mujeres siguen siendo las más afectadas por la precariedad. Según ONU Mujeres, 383 millones de mujeres viven con menos de 1,90 dólares al día, frente a 368 millones de hombres.
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El Índice de Feminidad de la Pobreza ha crecido de 105 en 2003 a 121 en 2023, lo que significa que por cada 100 hombres pobres, hay 121 mujeres en la misma situación. Esto evidencia una desigualdad estructural que atraviesa el mercado laboral y la organización social del cuidado.
Las mujeres latinoamericanas dedican el doble o el triple de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, lo que limita su autonomía económica. La economista Ana Isabel Arenas explica que “sin redistribución de los cuidados, no hay igualdad posible”.
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Esa sobrecarga impide que las mujeres accedan a empleos formales y bien remunerados. En la región, tienen cinco veces más probabilidades que los hombres de quedar fuera de la fuerza laboral, según el Banco Mundial. Cuando logran emplearse, suelen hacerlo en condiciones precarias y sin protección social.
La pobreza afecta con más fuerza a mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes, que enfrentan mayores barreras para acceder a crédito, tierra y educación. En zonas rurales, cuatro de cada diez mujeres viven en pobreza, frente a dos o tres en las ciudades, de acuerdo con la CEPAL.
La pandemia del Covid-19 agravó las brechas: muchas mujeres debieron abandonar sus trabajos para cuidar a familiares, y su reinserción laboral ha sido más lenta y en peores condiciones.
Expertas en economía feminista coinciden en que erradicar la pobreza requiere transformar la organización social del cuidado. No basta con aumentar los ingresos: el Estado y las empresas deben compartir esa responsabilidad y garantizar servicios públicos que liberen tiempo y oportunidades a las mujeres.
En 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el cuidado como un derecho humano, un paso histórico hacia la igualdad. Sin embargo, los datos son claros: las mujeres ganan la mitad de los ingresos de los hombres y dedican el triple de tiempo al trabajo no remunerado. Sin autonomía económica, no hay igualdad ni libertad.
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