En 2024, España registró 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), un 3 % más que en 2023. El dato no solo marca un incremento de casi 3.000 casos, sino que confirma que cada vez más mujeres ejercen este derecho en condiciones seguras y dentro del marco legal.
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La ministra de Sanidad, Mónica García, destacó que aunque el 78,74 % de los abortos se realizaron en centros privados, el objetivo del Gobierno es reforzar el acceso en la red pública. Recordó que el aborto es un derecho sanitario que debe estar garantizado sin importar la comunidad autónoma en la que viva cada mujer.
El informe reveló que tres de cada cuatro IVE se realizaron antes de la octava semana, lo que muestra una detección temprana y acompañamiento adecuado. Además, el método farmacológico aumentó un 31 %, favoreciendo procedimientos menos invasivos y más accesibles.
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Por edades, el grupo de 20 a 24 años concentró el 23,27 % de los casos, seguido de las mujeres de 25 a 29 años 21,84 %. El ligero aumento entre adolescentes menores de 20 años evidencia la necesidad de reforzar la educación sexual y la prevención, aspectos que Sanidad ya está impulsando con campañas y distribución gratuita de preservativos.
Para García, garantizar que las mujeres accedan al aborto en la sanidad pública es una cuestión de igualdad y justicia social. “No podemos permitir que el lugar de residencia determine si una mujer puede ejercer plenamente su derecho a decidir”, subrayó.
El aumento en el número de IVE, según expertos, refleja un sistema de salud más inclusivo, seguro y con capacidad de respuesta ante las necesidades reales de las mujeres.
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