En América Latina, acompañar a quienes deciden abortar se convirtió también en una forma de defender derechos. Activistas de Colombia, Uruguay, Paraguay y Argentina construyen redes que ofrecen información, contención y acompañamiento frente a sistemas de salud que todavía levantan obstáculos.
Otras noticias: Costa Rica rechaza ante la ONU términos que visibilizan la violencia de género
Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24 en 2022, pero las acompañantes de Las Parceras denuncian que algunas instituciones retrasan respuestas, cuestionan afiliaciones y ofrecen tratos estigmatizantes. En zonas rurales o atravesadas por conflictos, las distancias agravan el problema.
La colectiva busca hablar del aborto de forma pública, clara y libre de estigma para desmontar mitos y evitar que quienes abortan atraviesen el proceso en soledad.
Léase también: La extrema derecha de Chile busca que las mujeres escuchen el latido del feto antes de abortar
Uruguay cuenta con una legislación que permite abortar bajo determinadas condiciones, pero Tamara, acompañante de Las Lilas, cuestiona la objeción de conciencia y la posibilidad de que instituciones enteras no garanticen el acceso. Considera que la ley, aprobada en 2012, necesita actualizarse para reconocer el aborto como un derecho.
En Paraguay, donde el aborto continúa prácticamente prohibido, Maruja sostiene que acompañar permite recuperar ternura y autonomía en un contexto profundamente machista.
En Argentina, Andrea, integrante de Socorristas en Red, denuncia falta de medicación, centros sin profesionales, información errónea y demoras. También advierte sobre grupos conservadores que se presentan como acompañantes y buscan impedir abortos.
Frente a ese escenario, las activistas reivindican el acompañamiento feminista como una práctica política. Su objetivo no consiste únicamente en facilitar información: buscan que ninguna persona afronte un aborto con miedo, aislamiento o culpa.
Para ellas, acompañar también significa defender una conquista: que decidir sobre la propia reproducción sea un derecho y no un privilegio condicionado por el territorio, el dinero o las creencias de terceros.
Te puede interesar: La filtración que puso bajo la lupa a Dialog y sus reuniones
