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La justicia argentina procesó al extitular de Discapacidad Diego Spagnuolo por sobornos y fraude en compras de medicamentos, en la primera causa que salpica al gobierno de Milei.
La justicia argentina dio un paso clave en una causa por corrupción que alcanza a un exfuncionario del gobierno de Javier Milei. El juez federal Sebastián Casanello procesó sin prisión preventiva a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), por presuntos delitos de soborno, fraude al Estado y asociación ilícita.
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Casanello también imputó a otros exfuncionarios y a empresarios vinculados a droguerías que habrían participado en maniobras irregulares durante la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad. Según la resolución judicial, el esquema direccionó contrataciones públicas a cambio de pagos indebidos.
El magistrado sostuvo que Spagnuolo colocó en puestos clave a personas que respondían a intereses ajenos a la administración pública y supervisó el direccionamiento de compulsas de precios en beneficio de determinadas empresas. A cambio, el grupo habría recibido sobornos.
La investigación tomó fuerza tras la difusión de audios en los que el exfuncionario mencionó supuestos porcentajes destinados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El presidente negó cualquier implicación de su hermana y denunció una utilización política del caso. Karina Milei no figura como imputada.
El fallo señala que dos droguerías obtuvieron contratos por más de 30.000 millones de pesos, equivalentes a unos 21 millones de dólares, en procesos que la justicia considera irregulares. Casanello advirtió que la maniobra podría involucrar a más personas y ordenó profundizar la investigación.
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Aunque los acusados continuarán el proceso en libertad, el juez dispuso embargos sobre sus bienes y prohibió su salida del país. Además de Spagnuolo, enfrentan cargos Daniel Garbellini, Pablo Atchabahian, el lobista Miguel Ángel Calvete y otros 17 imputados.
Spagnuolo negó los delitos cuando declaró en noviembre. El caso marca el primer avance judicial por corrupción que impacta directamente a la actual administración nacional.
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