Organizaciones de derechos humanos y de salud sexual reclaman que la Justicia declare el incumplimiento del Estado argentino por interrumpir la compra y distribución de medicamentos esenciales para el aborto.
La Asociación Civil La Ciega, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), impulsó una acción colectiva contra el Ministerio de Salud. Amnistía Internacional Argentina, ELA, Fundeps y Mujeres por Mujeres participan en el proceso. El Juzgado Federal Nº 2 de La Plata convocó a una audiencia para el martes 3 de noviembre.
A comienzos de 2025, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva formalizó la decisión de no continuar con una adquisición prevista de 499.200 comprimidos de misoprostol y 96.000 de mifepristona.
Las organizaciones sostienen que las leyes nacionales y los tratados de derechos humanos obligan al Estado a garantizar el acceso al aborto en condiciones de igualdad. También advierten que delegar toda la provisión en las provincias profundiza las desigualdades, porque sus recursos sanitarios y presupuestarios son diferentes.
Durante 2025, la línea 0800 de Salud Sexual registró 191 consultas o intervenciones relacionadas con dificultades para acceder a medicamentos para abortar por falta de insumos en distintas provincias.
Las organizaciones alertan que los faltantes obligan a algunas personas a comprar medicamentos por su cuenta, enfrentar demoras o recorrer distintos centros de salud. El paso del tiempo puede modificar las condiciones de la atención y aumentar los riesgos para la salud.
Por eso, reclaman que la Justicia ordene al Ministerio de Salud adquirir y distribuir misoprostol y mifepristona de manera urgente. Sostienen que el acceso a un derecho reconocido por la Ley 27.610 no puede depender de la provincia donde vive cada persona.
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