Patricia Cardozo, la activista colombiana por los derechos de la mujer fue atacada durante la tarde del 10 de abril con ácido cuando se encontraba caminando por el parque Santander de la ciudad de Tunja. Un hombre desconocido se le acercó y le roció un químico en su cara.
La denuncia fue hecha por la directora de la Casa de la Mujer de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Laura Zabala, quien estuvo con la víctima minutos antes del ataque.
Patricia Cardozo había recibido constantes amenazas durante 2022, las cuales fueron presentadas ante las autoridades con el objetivo no solo de que iniciaran las investigaciones correspondientes, sino para que le fuera asignado un esquema de la Unidad Nacional de Protección. Dicho reclamo no fue tenido en cuenta más allá de que esa entidad había emitido un pronunciamiento en el cual ordenaban la designación de escoltas a la defensora de derechos humanos, sin embargo, la medida de protección nunca fue asignada.
El alcalde, Alejandro Fúneme, hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP), adscrita al Ministerio del Interior de Colombia, en virtud de una respuesta efectiva a la solicitud de la ciudadana.
En Colombia, la protección de líderes, lideresas sociales, defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto está en riesgo por las dificultades en la disponibilidad de recursos para garantizar la integralidad de los esquemas de seguridad.
La advertencia fue hecha por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, quien hizo un llamado urgente al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que tomen decisiones administrativas de carácter urgente.
Ser mujer y defensora de los derechos humanos es una combinación peligrosa en América Latina. A las amenazas, las detenciones y las agresiones se suma la violencia sexual.
Asimismo, la organización denuncia ataques que conllevan violencia sexual y difamación misógina contra defensoras y organizaciones que promueven los derechos reproductivos y LGTBI+ y luchan contra la violencia sexual en Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua.
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Entre los seis países más letales para hombres y mujeres defensores, cinco son latinoamericanos, según datos de FLD:
En una década marcada por protestas, crisis políticas, sociales y ambientales, así como elecciones y conflictos por proyectos extractivos y ambientales, la violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos en América Latina se expresa mayoritariamente en agresiones repetidas, por ser mujeres y por ser defensoras. Muchas de estas agresiones, denuncian las organizaciones, quedan en la impunidad.
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