Bolivia declaró la emergencia energética y social ante la inflación del 20,4 %, la escasez de dólares y combustibles, y autorizó la libre importación de carburantes.
El Gobierno de Bolivia declaró este miércoles la “emergencia energética y social” en todo el país como respuesta a la crisis económica que enfrenta. La decisión llega en un contexto de inflación acumulada del 20,40 % en 2025, escasez de dólares y problemas persistentes en el abastecimiento de combustibles.
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El Ejecutivo aprobó el decreto 5517 con el objetivo de asegurar el suministro de energía, garantizar combustibles y reactivar la producción. La norma reconoce de forma explícita el impacto del proceso inflacionario y habilita medidas excepcionales de aplicación inmediata.
Entre las disposiciones más relevantes, el decreto autoriza a personas naturales y jurídicas privadas a importar, vender y comercializar derivados del petróleo a precios de importación. Para ello, deberán contar con capacidad de almacenamiento propia o alquilada.
Además, el Gobierno suspendió el diésel de la lista de sustancias controladas. La medida busca asegurar un abastecimiento continuo para el transporte, la producción, la agroindustria y sectores estratégicos. Según el decreto, estas acciones tendrán carácter temporal y excepcional.
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La declaración de emergencia se produce un día después de que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz diera por cerrado el conflicto con sindicatos obreros y campesinos. El acuerdo incluyó la emisión del decreto 5516, que ratificó el fin de la subvención a los combustibles, pero eliminó disposiciones rechazadas por las organizaciones sociales.
Ese entendimiento con la Central Obrera Boliviana permitió levantar los bloqueos de carreteras y frenar las protestas que se extendieron por varias regiones del país.
El nuevo marco mantiene los precios fijados tras el retiro de la subvención: 6,96 bolivianos por litro de gasolina especial, 11 bolivianos para la gasolina premium y 9,80 bolivianos para el diésel. Estos valores implican aumentos de hasta 162 % frente a los precios subsidiados vigentes durante más de dos décadas.
El Gobierno confía en que estas medidas alivien la presión económica y estabilicen el suministro energético en el corto plazo.
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