La eliminación del subsidio a los combustibles y el fuerte aumento de la gasolina provocaron malestar social, rechazo sindical y caos en el transporte en Bolivia.
La decisión del presidente boliviano Rodrigo Paz de eliminar el subsidio a los combustibles y aumentar el precio de la gasolina en más del doble provocó desconcierto y rechazo casi inmediato en varias ciudades del país. A pocas horas del anuncio, La Paz amaneció con escaso transporte público y tarifas más altas, mientras crecía el enojo entre usuarios y sindicatos.
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Transportistas y vecinos coincidieron en que la medida golpea de lleno a la economía familiar. “Es un atentado contra el pueblo y debe derogarse”, advirtió Víctor Tarqui, dirigente del sector, al anunciar posibles medidas de presión. En las calles, los ciudadanos denunciaron cobros arbitrarios y dificultades para llegar a sus trabajos.
Paz, que asumió la presidencia hace apenas un mes tras casi dos décadas de gobiernos de izquierda, justificó el ajuste al declarar una “emergencia económica y energética”. Según explicó, Bolivia atraviesa la peor crisis en 40 años, con reservas internacionales casi agotadas, escasez de dólares y falta de recursos para importar combustibles.
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El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, sostuvo que la subvención costaba más de 2.000 millones de dólares anuales y se financiaba con créditos, por lo que dejó de ser sostenible. “El país ya no podía sostener ese esquema”, afirmó.
La Central Obrera Boliviana rechazó el ajuste y convocó a una reunión de emergencia para definir protestas. Dirigentes vecinales también exigieron al Gobierno dar marcha atrás y reclamaron un ajuste gradual y consensuado.
En contraste, el sector empresarial respaldó la decisión y pidió profundizar las reformas. Analistas advirtieron que el paquete puede atraer inversiones, pero también anticiparon costos sociales y políticos elevados, con impacto en la inflación y en la estabilidad del nuevo gobierno.
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