Cerca de 70 mujeres han sido asesinadas por razones de género en Camerún este año. Las protestas exigen justicia, protección y una ley específica contra el feminicidio.
Camerún enfrenta un aumento de los feminicidios que ha desatado protestas y exigencias de medidas urgentes. Según el Ministerio de Asuntos de la Mujer, cerca de 70 mujeres han muerto este año por motivos relacionados con su género. La cifra supera las estimaciones oficiales de al menos 50 casos en 2023 y 67 en 2024.
Uno de los casos recientes es el de Geraldine Achiah, una maestra de primaria de unos 30 años que murió en septiembre, apenas dos meses después de casarse. Su familia sostiene que su esposo la golpeó durante una disputa. La policía informó que Manfred Amambua niega haberla asesinado. Las autoridades lo acusaron formalmente y permanece en prisión a la espera de juicio.
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Los registros hospitalarios obtenidos por Associated Press señalan que Achiah presentaba hematomas en el rostro y los labios. La policía también recopiló grabaciones y otras pruebas para investigar su muerte.
Su familia exige que el caso avance y que las autoridades respondan ante la violencia contra las mujeres.
Activistas denuncian que Camerún carece de una figura penal específica para el feminicidio. El Código Penal contempla delitos como la violación, pero los jueces recurren a las normas generales sobre homicidio para procesar estos asesinatos.
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También advierten que la dependencia económica, la desigualdad en el control de los bienes familiares y las fallas judiciales dificultan que las víctimas denuncien y obtengan protección. La intimidación, la corrupción y los retrasos pueden debilitar las investigaciones y desalentar a las familias.
El Ejecutivo trabaja en una propuesta para tipificar el feminicidio como delito autónomo. Se prevé que el Parlamento la examine en noviembre.
Mientras tanto, miles de personas han salido a las calles de ciudades como Duala y Yaundé para exigir justicia y protección. Las organizaciones reclaman que la nueva legislación incluya medidas de prevención, atención a las víctimas y procesos judiciales eficaces.
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