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El caso es importante porque es el primero en el que la Corte IDH hablará sobre el aborto y la criminalización. Esto puede establecer estándares regionales claros en la materia y garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva adecuados para resguardar los derechos a la salud y a la vida de las mujeres gestantes.
Además, se espera que la sentencia establezca una reparación para la familia de Beatriz y medidas de no repetición de una situación como la que atravesó la joven al impedírsele que acceda a un aborto para proteger su vida y su salud.
La completa criminalización del aborto en El Salvador rige desde 1998 cuando se modificaron el Código Penal y la Constitución y se eliminaron las tres causales que estaban vigentes desde 1974 por las que era legal la interrupción voluntaria de un embarazo. En la reforma de la Constitución se le dio al embrión y al feto el status de persona y se estableció la protección del derecho a la vida desde el momento de la concepción. Por tanto, el aborto se considera un delito, incluso cuando es necesario para salvar la vida de la mujer gestante.
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La Corte IDH tiene en sus manos la posibilidad de abrir el camino para desandar tantas atrocidades y establecer estándares regionales claros en la materia. Las organizaciones feministas levantarán un altar en la movilización alrededor del tribunal en San José, pero también estarán presentes grupos antiderechos que vienen presionando fuerte para que este caso no abra las puertas a la despenalización del aborto en los países con legislación más restrictiva, como El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Haití y Honduras, donde la prohibición no contempla excepciones y causa violaciones sistemáticas de los derechos de las mujeres y otras personas gestantes.
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