Colombia presentó una ley de rescate fiscal con recortes al gasto público, devolución del IVA a hogares vulnerables y rebajas tributarias empresariales. El Congreso debatirá el plan.
El Gobierno colombiano presentó ante el Congreso la Ley de Rescate Económico, una iniciativa de 105 artículos que busca contener la deuda pública, reducir el gasto estatal e impulsar la inversión. El vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que el proyecto pretende evitar una crisis fiscal y proteger el crecimiento económico y el empleo.
“El Estado se aprieta el cinturón”, afirmó Restrepo al presentar la propuesta junto al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. Sin embargo, las medidas también podrían tener consecuencias directas para los hogares y las empresas, según cómo se implementen.
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El plan contempla reducir un 50 % el gasto en contratos de prestación de servicios durante 2027 y recortar un 20 % los gastos de funcionamiento del Estado. También incluye revisar transferencias, racionalizar compras y vender activos públicos considerados improductivos.
El Ejecutivo calcula que cerca del 70 % del ajuste recaerá sobre el propio Estado. No obstante, los recortes a la contratación pública podrían afectar a trabajadores y proveedores que dependen de esos contratos.
El segundo eje propone devolver el IVA a los hogares de menores ingresos. Según Restrepo, unos 19 millones de colombianos podrían recibir un promedio de 213.000 pesos mensuales, con prioridad para familias que ganen hasta 3,4 millones de pesos al mes. La medida comenzaría en 2028, aunque el Gobierno plantea un primer giro en diciembre de 2027.
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La iniciativa también contempla destinar recursos a la recuperación del sistema de salud y reducir el impuesto de renta empresarial del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028. El Gobierno espera que estos cambios incentiven nuevas inversiones y generen empleo.
El quinto eje busca combatir la corrupción, la evasión fiscal y el contrabando.
El Ejecutivo estima que el proyecto permitirá mejorar las finanzas públicas en 51 billones de pesos en 2027 y más de 122 billones en 2030. Estas cifras corresponden a proyecciones oficiales, no a resultados garantizados.
El Congreso deberá debatir la propuesta y definir qué medidas avanzan. Su aprobación determinará cómo se distribuyen los costos del ajuste y qué beneficios llegan efectivamente a la población.
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