La Corte IDH declaró responsable a Honduras por la detención arbitraria
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Corte IDH condena a Honduras por caso de mujer trans asesinada en 2004
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January 20, 2026
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366 palabras. 3 minutos

Corte IDH condena a Honduras por caso de mujer trans asesinada en 2004

Redacción Digital

La Corte IDH declaró responsable a Honduras por la detención arbitraria y la falta de investigación diligente en el transfeminicidio de Leonela Zelaya.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Honduras por la detención arbitraria y la falta de debida diligencia en la investigación del transfeminicidio de Leonela Zelaya, asesinada en 2004. La sentencia, emitida el 19 de enero, marca un precedente clave para la protección de los derechos de las personas trans en la región.

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El caso fue co-litigado por la Red Lésbica Cattrachas y el Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, organizaciones que celebraron el fallo como un avance histórico contra la violencia y la discriminación estructural.

Detenciones arbitrarias y violencia institucional

Según la Corte IDH, agentes estatales detuvieron de forma ilegal y arbitraria a Leonela Zelaya en varias ocasiones. Durante esos episodios, recibió golpes, insultos y humillaciones motivadas por su identidad de género y su trabajo como mujer trans y trabajadora sexual.

Cuatro días después de su última detención policial, el 6 de septiembre de 2004, las autoridades hallaron su cuerpo sin vida en la vía pública. El cadáver permaneció toda la noche sin que ninguna institución estatal actuara para retirarlo o preservar la escena.

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Impunidad y daño a la familia social

El tribunal declaró la responsabilidad internacional de Honduras por las violaciones a los derechos humanos de Zelaya y por la investigación deficiente de su muerte. Además, reconoció el sufrimiento de Thalía Rodríguez, hermana social de Leonela, y afirmó que el Estado vulneró sus derechos a la integridad personal y a la protección judicial.

La Corte IDH ordenó al Estado hondureño ofrecer disculpas públicas, reabrir el caso, investigar el transfeminicidio con perspectiva de género, sancionar a los responsables y reparar integralmente a la familia y personas derechohabientes.

El fallo expone el impacto letal de la discriminación institucional y refuerza la obligación de los Estados de garantizar justicia, memoria y reparación para las personas LGBTIQ+.

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