La denuncia por presunto acoso y agresión sexual contra Julio Iglesias, archivada en España, podría ser asumida por tribunales de República Dominicana, según expertos.
La denuncia presentada en España contra el cantante Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual a dos mujeres en 2021 podría ser aceptada por la Justicia de República Dominicana, de acuerdo con abogados consultados por EFE. La Fiscalía española archivó el caso por falta de jurisdicción, al considerar que no cumplía los requisitos legales para ser investigado en ese país.
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Los hechos denunciados habrían ocurrido en la mansión del artista en Punta Cana, en el este dominicano. Además, una de las denunciantes es dominicana y el cantante posee también esa nacionalidad, lo que refuerza la competencia del sistema judicial local.
La Fiscalía española argumentó que la ley exige varios criterios para ejercer jurisdicción, como la nacionalidad española del denunciado o de las víctimas, o una conexión material directa con España. Al no cumplirse esas condiciones, el Ministerio Público decidió archivar la denuncia.
El jurista dominicano Cándido Simón calificó esta decisión como correcta y sostuvo que la jurisdicción natural del caso corresponde a República Dominicana, lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos.
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El abogado penalista René del Rosario explicó que las mujeres pueden presentar una denuncia ante la fiscalía de Higüey, en la provincia La Altagracia. También señaló que el Ministerio Público podría iniciar una investigación de oficio, al tratarse de una acción penal pública.
No obstante, advirtió sobre las dificultades del proceso. Según el experto, este tipo de casos enfrenta obstáculos probatorios, especialmente por el tiempo transcurrido y la complejidad de obtener pruebas científicas concluyentes.
Julio Iglesias negó las acusaciones y afirmó que nunca ha abusado ni faltado al respeto a ninguna mujer. El artista intentó personarse en la investigación española, pero la Fiscalía rechazó su solicitud. Mientras tanto, las denunciantes cuentan con estatus de testigos protegidos y el caso sigue generando debate, aunque las autoridades dominicanas aún no han anunciado acciones formales.
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