
Amnistía Internacional alertó sobre un aumento del 300% en consultas y denuncias por obstáculos al aborto legal en Argentina durante 2025.
Un informe de Amnistía Internacional Argentina encendió las alarmas sobre el acceso al aborto legal en el país. La organización informó que durante 2025 las consultas y denuncias relacionadas con obstáculos para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo aumentaron más de un 300% en comparación con el año anterior.
La investigación, presentada en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y Diversidades, sostiene que el incremento refleja un deterioro en las condiciones de acceso a derechos garantizados por la Ley 27.610, vigente desde finales de 2020.
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Según el documento, las personas que buscan acceder a un aborto legal enfrentan dificultades vinculadas con demoras administrativas, desinformación, malos tratos, prácticas intimidatorias y escasez de medicamentos esenciales como misoprostol y mifepristona.
Amnistía también advirtió que la situación afecta con mayor intensidad a niñas, adolescentes y personas en contextos de vulnerabilidad económica. La organización señaló que muchas personas deben asumir costos adicionales para trasladarse a otras ciudades o comprar medicamentos por cuenta propia.
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El informe destaca que el aumento de consultas entre adolescentes resultó especialmente significativo. Muchas jóvenes manifestaron desconocer dónde acceder a la prestación o cómo ejercer un derecho que continúa vigente en el país.
Además, la organización expresó preocupación por el desmantelamiento de programas de salud sexual y reproductiva que, en años anteriores, contribuyeron a reducir los embarazos no intencionales en adolescentes y a fortalecer la educación sexual integral.
Integrantes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito realizaron movilizaciones para exigir el cumplimiento efectivo de la ley. Las organizaciones sostienen que el Estado mantiene la obligación de garantizar el acceso oportuno, gratuito y seguro a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio argentino.
Amnistía concluyó que cuando el acceso a una práctica legal depende de la capacidad económica de cada persona, las desigualdades sociales se profundizan y aumentan los riesgos para quienes cuentan con menos recursos.
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