El Congreso de Perú aprobó una ley que incorpora los delitos de lesa humanidad al Código Penal. Organizaciones de derechos humanos alertan sobre posibles retrocesos.
La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó en segunda y definitiva votación un proyecto de ley que incorpora el delito de lesa humanidad al Código Penal. La iniciativa recibió 14 votos a favor y ahora deberá pasar al Poder Ejecutivo para su promulgación o eventual devolución con observaciones.
La norma incorpora un nuevo capítulo al Código Penal para tipificar como delitos de lesa humanidad aquellos actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, siempre que exista conocimiento e intención por parte del autor. Entre los delitos incluidos figuran el homicidio calificado, la desaparición forzada, la tortura, la trata de personas, el secuestro y la violencia sexual. Las penas previstas van desde los 30 años de prisión hasta la cadena perpetua.
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El proyecto fue presentado por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi y defendido por el presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría. Ambos sostuvieron que la iniciativa responde a los compromisos asumidos por Perú tras la ratificación del Estatuto de Roma y a una exhortación realizada por el Tribunal Constitucional para incorporar este tipo penal a la legislación nacional.
Rospigliosi afirmó que la ley evitará el uso arbitrario del concepto de lesa humanidad contra militares y policías que combatieron al terrorismo y al crimen organizado.
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La aprobación provocó el rechazo de sectores de oposición y de organizaciones defensoras de derechos humanos. La congresista Ruth Luque sostuvo que la norma modifica el alcance del delito y desvirtúa los estándares internacionales.
Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advirtió que la ley representa un grave retroceso para el acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Según la organización, las restricciones previstas podrían favorecer la impunidad en casos de desaparición forzada, tortura y secuestro, además de contradecir las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano.
El Ejecutivo tendrá ahora la decisión de promulgar la norma o devolverla al Congreso con observaciones.
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