El suceso se registró en Barú, una isla turística de Colombia ubicada a 40 minutos de Cartagena, donde el fiscal antimafia celebraba junto a su esposa, la periodista paraguaya Claudia Aguilera, su viaje como recién casados y desde donde también anunciaron que estaban iban a ser padres por medio de sus redes sociales.
Según las declaraciones de Aguilera a los medios, mientras la pareja estaba en una playa privada que conectaba a su hotel, el fiscal fue abordado por dos hombres y segundos después fue disparado.
Las hipótesis sobre los autores materiales e intelectuales siguen siendo amplias, pero todas guardan relación con su trabajo como fiscal antidrogas y especializado en crimen organizado.
Como un «cobarde asesinato» fue calificado por el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, el asesinato del fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico de Paraguay, Marcelo Pecci, en Cartagena, Colombia. Al condenar el crimen, dijo que Paraguay redoblará «su compromiso de lucha contra el crimen organizado». Además envió condolencias a los familiares del fiscal.
El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que se adelantan las investigaciones de los hechos.
Por su parte, el presidente Iván Duque dijo que conversó con el presidente Abdo Benítez «para acordar toda la cooperación para hallar a responsables» e indicó que el director de la Policía se encuentra en Cartagena para adelantar las investigaciones.
Según el sociólogo Carlos Peris, profesor de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), el dinero ilícito comienza a socavar al Estado. «El fortalecimiento económico de estas organizaciones permite la infiltración de instituciones que están dedicadas a la aplicación de la ley. Estas organizaciones tienen una capacidad logística y de corrupción mucho mayores que hace un par de décadas atrás», asegura el asesor de seguridad.
Paraguay está vinculado de manera directa a la ruta regional del narcotráfico con rumbo a Europa y con el crimen organizado internacional. La muerte de Pecci es un mensaje claro a la Fiscalía y a la justicia paraguaya, sin embargo, por el lugar y las condiciones donde ocurrieron los hechos, se vuelve también un foco de atención para las autoridades de Colombia y Estados Unidos, en donde el tráfico de estupefacientes y el lavado de dinero han sido un problema persistente que afectan a sus territorio y que han intentado combatir en coordinación durante varias décadas. Sin embargo, tal parece que el crimen organizado y la corrupción le llevan la delantera a la justicia, así como a los gobiernos de América Latina y EEUU.
