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Human Rights Watch urgió al gobierno de Delcy Rodríguez a desmantelar el “aparato represivo”, reformar instituciones y leyes y permitir elecciones libres en Venezuela.
La organización Human Rights Watch urgió este miércoles al gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez a desmantelar el “aparato represivo” del Estado y emprender reformas judiciales, legales y electorales profundas para permitir elecciones libres y justas en Venezuela.
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La ONG destacó que, aunque la excarcelación de centenares de presos políticos representa “un alivio importante”, los mecanismos utilizados para detenerlos siguen vigentes y violan derechos fundamentales. Organizaciones locales estiman que alrededor de 600 personas permanecen encarceladas por motivos políticos. 
HRW criticó la falta de independencia de las instituciones encargadas de garantizar procesos democráticos y pidió revisar la composición del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyo actual formato ha impedido el registro de candidatos opositores en elecciones recientes. 
La ONG exigió restaurar la integridad del poder judicial, que, según la organización, ha sido “cooptado” durante años y ha funcionado en complicidad con la Fiscalía para perseguir opositores, defensores de derechos humanos y periodistas. Entre las demandas figura la destitución del fiscal general Tarek William Saab, cuya continuidad en el cargo califican de “incompatible con cualquier esfuerzo genuino de reforma”. 
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HRW también solicitó la derogación de leyes que han servido para criminalizar la crítica al gobierno y restringir las libertades, como las normas aprobadas en 2024 que regulan las organizaciones no gubernamentales y penalizan las opiniones disidentes. 
La ONG instó a las autoridades a permitir el acceso sin restricciones de misiones internacionales de derechos humanos, incluidos los organismos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para documentar y supervisar la situación en el país. Asimismo, reclamó que se restablezca plenamente la oficina del Alto Comisionado de la ONU en Venezuela, cerrada en 2024. 
HRW advirtió que una transición sin reformas reales solo simularía cambios y no garantizaría el respeto de los derechos de los venezolanos ni el ejercicio de la democracia.
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