La Arquidiócesis de Nueva York negocia pagar 800 millones a víctimas de abusos sexuales
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La Arquidiócesis de Nueva York propone acuerdo de 800 millones a las víctimas de abuso sexual
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May 6, 2026
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359 palabras. 3 minutos

La Arquidiócesis de Nueva York propone acuerdo de 800 millones a las víctimas de abuso sexual

Redacción Digital

La Arquidiócesis de Nueva York negocia pagar 800 millones a víctimas de abusos sexuales, en un acuerdo que busca evitar litigios y posibles procesos de quiebra.

La Arquidiócesis de Nueva York negocia un acuerdo de 800 millones de dólares con unas 1.300 personas que denuncian abusos sexuales cometidos cuando eran menores por sacerdotes o personal vinculado a la Iglesia.

La propuesta plantea un pago inicial de 615 millones de dólares el 27 de julio, seguido de 185 millones adicionales que se entregarían en un plazo de 15 meses. La institución reunió parte de los fondos mediante la venta de propiedades y recortes presupuestarios.

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Condiciones clave para cerrar el acuerdo

Los denunciantes pueden optar por una compensación fija de 250.000 dólares o someter su caso a una evaluación independiente administrada por un fideicomiso. Sin embargo, el acuerdo requiere la aceptación total de los supervivientes para concretarse.

Abogados de las víctimas advirtieron que, si no se logra consenso, el proceso podría derivar en una solicitud de quiebra bajo el Capítulo 11, lo que alargaría los litigios y podría reducir las indemnizaciones. El caso involucra a una de las instituciones religiosas más influyentes de Estados Unidos, con millones de fieles y cientos de parroquias en la ciudad de Nueva York y sus alrededores.

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Transparencia y medidas futuras

Como parte del posible acuerdo, la Arquidiócesis deberá divulgar información sobre los agresores y mantener actualizada una lista pública de clérigos acusados de forma creíble.

Las demandas se presentaron bajo una ley estatal de 2019 que abrió una ventana legal para que víctimas de abusos sexuales pudieran iniciar procesos civiles, incluso si los casos habían prescrito.

El acuerdo busca ofrecer compensación a las víctimas sin prolongar procesos judiciales, mientras aumenta la presión sobre instituciones religiosas para mejorar sus mecanismos de prevención y transparencia.

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