La Justicia de Santa Catarina autorizó la interrupción del embarazo tras confirmar malformaciones fetales incompatibles con la vida y riesgos para la salud de la mujer.
La Justicia de Santa Catarina, Brasil, autorizó la interrupción del embarazo de una mujer de 17 semanas de gestación después de que exámenes médicos confirmaran que el feto presentaba malformaciones incompatibles con la vida fuera del útero.
La decisión fue tomada por la Vara de Familia de la comarca correspondiente y consideró tanto la inviabilidad fetal como los riesgos físicos y emocionales que enfrentaba la gestante al continuar con un embarazo sin posibilidad de supervivencia.
Otras noticias: Costa Rica rechaza ante la ONU términos que visibilizan la violencia de género
Según el proceso judicial, los estudios detectaron holoprosencefalia alobar, una de las formas más graves de malformación cerebral, además de ausencia completa de nariz y una extensa fisura labiopalatina. Los informes médicos indicaron un pronóstico letal, con alta probabilidad de fallecimiento durante la gestación o poco después del nacimiento.
Además del diagnóstico fetal, la mujer presentaba una gestación de alto riesgo debido a condiciones médicas como obesidad, diabetes gestacional e hipotiroidismo de difícil control, factores que aumentaban las posibilidades de complicaciones.
La magistrada fundamentó la autorización en los informes médicos y en la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil, especialmente en la decisión de la ADPF 54, que reconoce la posibilidad de interrumpir embarazos cuando se confirma la inviabilidad de vida extrauterina del feto.
Léase también: La extrema derecha de Chile busca que las mujeres escuchen el latido del feto antes de abortar
La jueza destacó que obligar a la mujer a mantener la gestación podría afectar su salud física y psicológica, al enfrentar un embarazo sin expectativa de supervivencia fetal. También consideró que la mujer ya era madre de una niña pequeña y que la situación generaba un fuerte impacto emocional y familiar.
Antes de la resolución final, el proceso pasó por un conflicto de competencia entre diferentes áreas del Poder Judicial de Santa Catarina. Sin embargo, el Tribunal de Justicia determinó que el caso correspondía a la Vara de Familia, al no existir una investigación penal ni una acusación criminal.
El tribunal señaló que este tipo de solicitudes involucra derechos fundamentales como la dignidad humana, la autonomía reproductiva, la libertad de decisión y la protección de la salud.
Con el respaldo del Ministerio Público de Santa Catarina, la Justicia autorizó la interrupción terapéutica del embarazo, que deberá realizarse en una unidad hospitalaria habilitada y con el consentimiento de la paciente.
Te puede interesar: La filtración que puso bajo la lupa a Dialog y sus reuniones
