Kast respaldó el despido de una funcionaria con cáncer, desatando críticas transversales y cuestionamientos sobre empatía y liderazgo.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, defendió la decisión de su Gobierno de remover a una alta funcionaria que enfrenta un agresivo cáncer, lo que desató una ola de críticas políticas y sociales en el país.
La medida afectó a Priscilla Carrasco, quien dirigía el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) y se encontraba en pleno tratamiento médico. Kast justificó la decisión señalando que “la confianza no se dio”, pese a reconocer el impacto humano del caso. 
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El mandatario sostuvo que su administración debe priorizar el correcto funcionamiento del Estado, incluso en situaciones complejas. También insinuó la existencia de irregularidades en la gestión anterior, lo que motivó una auditoría interna. 
Desde el Ejecutivo insisten en que la salida responde a diferencias en la conducción del servicio y a la necesidad de asegurar confianza en cargos clave. 
La decisión generó rechazo en distintos sectores políticos. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, pidió al Gobierno “más empatía”, mientras que la expresidenta Michelle Bachelet calificó el hecho como una señal preocupante sobre el valor de los cuidados y la dignidad. 
Figuras de la derecha tradicional también cuestionaron la medida, señalando que no es coherente con principios básicos de humanidad, especialmente considerando el contexto de salud de la funcionaria.
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La controversia ocurre en las primeras semanas del gobierno de Kast, marcadas por decisiones económicas y administrativas que han generado tensión.
Según encuestas recientes, el mandatario ha registrado una caída significativa en su aprobación, en medio de medidas de ajuste y conflictos políticos. 
El caso reabre el debate sobre los límites entre eficiencia administrativa y sensibilidad social en la gestión pública.
Mientras el Gobierno mantiene su postura y descarta revertir la decisión, sectores políticos y sociales advierten que el episodio podría afectar la legitimidad del Ejecutivo en un momento clave. La polémica refleja un choque entre estilos de liderazgo y expectativas ciudadanas, en un escenario donde las decisiones políticas enfrentan un creciente escrutinio público.
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