Sacar a Maduro era necesario, pero la vía militar de Trump abre más riesgos que soluciones: viola la ley, debilita la democracia y amenaza con más caos regional.
Pocas frases generan tanto consenso y tanta incomodidad al mismo tiempo como esta: a Nicolás Maduro había que sacarlo del poder, pero no de esta manera. El régimen venezolano es autoritario, corrupto y responsable de una crisis humanitaria que ha expulsado a millones de personas de su país. Negarlo sería faltar a la realidad. Sin embargo, convertir esa verdad en licencia para una intervención militar unilateral no solo es un error moral y legal, sino también una apuesta peligrosa que ya hemos visto fracasar antes.
La captura de Maduro, presentada por Donald Trump como parte de un “ataque a gran escala”, marca un punto de quiebre. No porque el dictador merezca simpatía, sino porque el método elegido amenaza con empeorar exactamente aquello que dice querer resolver.
Otras noticias: Venezuela y EEUU anuncian proceso exploratorio orientado a restablecer relaciones diplomáticas
Maduro goberno sin legitimidad democrática. Se sostuvo mediante elecciones fraudulentas, represión sistemática y el uso de las fuerzas de seguridad para silenciar a la oposición. Informes de Naciones Unidas documentan asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual cometidas por agentes del Estado. Además, su gestión empujó a casi ocho millones de venezolanos al exilio, desestabilizando a toda la región.
Con ese historial, resulta comprensible que muchos celebren su caída. Pero una causa justa no convierte en justa cualquier estrategia.
La historia reciente demuestra que derrocar a un líder por la fuerza rara vez trae estabilidad. Afganistán, Irak y Libia siguen siendo recordatorios incómodos de cómo Estados Unidos sustituyó dictaduras por Estados fallidos, violencia prolongada y sufrimiento civil. América Latina tampoco es ajena a esas consecuencias. Chile, Guatemala y Nicaragua aún cargan con las cicatrices de intervenciones externas que se presentaron como “necesarias”.
Léase también: Tensión en Minneapolis ante indignación por la muerte de una mujer baleada por un agente ICE
Trump actuó sin una autorización clara del Congreso. La Constitución estadounidense no deja espacio para la ambigüedad en este punto. Cualquier acto de guerra requiere aprobación legislativa. Aquí no la hubo. El presidente empujó al país a una crisis internacional por decisión propia, sin debate público ni respaldo institucional.
Este detalle no es técnico ni menor. Los debates en el Congreso existen para frenar el aventurerismo militar y obligar a los líderes a rendir cuentas. Saltarse ese paso debilita la democracia que Estados Unidos dice defender fuera de sus fronteras.
La justificación oficial habla de “narcoterrorismo”. Sin embargo, Venezuela no es un actor central en la producción de las drogas que alimentan la crisis de sobredosis en Estados Unidos. La narrativa suena más a excusa que a argumento serio, sobre todo cuando se recuerda que Trump indultó a figuras con vínculos comprobados con el narcotráfico en otros países.
La reciente Estrategia de Seguridad Nacional de Trump deja poco espacio para la duda. Estados Unidos busca reafirmar su dominio en América Latina bajo una reinterpretación de la Doctrina Monroe. Venezuela parece haber sido el primer laboratorio de ese enfoque.
El problema no es solo ético. Al actuar sin legalidad ni consenso internacional, Washington ofrece a potencias autoritarias como Rusia o China una coartada perfecta para hacer lo mismo en sus regiones. El mensaje implícito es peligroso: la fuerza manda, la ley estorba.
La captura de Maduro no desmantela automáticamente el régimen. Los generales que lo sostuvieron siguen ahí. Los colectivos armados no desaparecen por decreto. El ELN mantiene presencia en zonas fronterizas. Pensar que todo se resolverá con un golpe quirúrgico es una ilusión peligrosa.
Un escenario de violencia interna, caos político y nuevas olas migratorias parece más probable que una transición ordenada.
Venezuela sigue siendo clave para los mercados energéticos. Un colapso mayor puede afectar precios globales y profundizar tensiones regionales. Además, cualquier estallido interno empujará a más personas a huir, aumentando la presión sobre países vecinos y sobre Estados Unidos mismo.
Aceptar que Maduro debía salir no obliga a aplaudir cómo se hizo. La presión internacional, las sanciones coordinadas, el respaldo real a la oposición democrática y los mecanismos multilaterales ofrecen caminos lentos, frustrantes, pero menos destructivos.
La vía militar rápida satisface impulsos políticos internos, no soluciones duraderas. Trump prometió no iniciar guerras y hoy hace exactamente lo contrario, sin ley, sin consenso y sin un plan creíble para el día después.
La experiencia enseña algo básico: cuando el poder se impone sin reglas, los costos siempre los paga la gente común. En este caso, los venezolanos corren el mayor riesgo. Y eso, incluso para quienes desean ver a Maduro fuera del poder, debería ser motivo suficiente para decirlo con claridad: había que sacarlo, sí, pero no así.
Te puede interesar: Estados Unidos puede hacer lo que quiera porque es una superpotencia
