Más de 14.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, han retornado en 2025 desde EE.UU. y México, desatando una crisis humanitaria en Costa Rica, Panamá y Colombia.
Un informe conjunto, elaborado con apoyo de la ONU y presentado en Bogotá, señaló que los retornos se deben a políticas migratorias más restrictivas en EE.UU. (46 %), la imposibilidad de ingresar al país (49 %), falta de recursos (34 %) y violencia en el tránsito (27 %).
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Las misiones documentaron secuestros, extorsiones y violencia sexual, en particular contra mujeres y niñas. Además, redes de tráfico de personas controlan rutas peligrosas y cobran hasta 280 dólares por traslados marítimos inseguros.
El 97 % de los retornados son venezolanos. Entre ellos, se identifican familias numerosas, mujeres gestantes, personas con discapacidad y niños no acompañados como los más vulnerables. La Defensoría advirtió que enfrentan trámites adicionales y demoras prolongadas en sus solicitudes, además de desplazamientos internos forzados.
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En Costa Rica, el centro de atención en Paso Canoas atendió 1.480 personas, aunque sigue subutilizado. En Panamá, comunidades como Palenque y Miramar concentran familias sin agua ni alimentos. En Colombia, puertos como Necoclí y Capurganá están desbordados, mientras que en el Pacífico el tránsito se cruza con grupos armados que incrementan los riesgos de reclutamiento y trata.
La ONU pidió reforzar la cooperación regional y el apoyo internacional. Las Defensorías pidieron crear un plan trinacional que garantice atención básica, albergues y servicios de salud para los retornados.
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