El contrato de US$150 millones de Trump para niños migrantes genera alarma: organizaciones temen que menores enfrenten procesos de deportación sin defensa especializada.
Un menor de 4 o 5 años no puede explicar por sí solo por qué dejó su país, qué riesgos enfrenta si regresa ni qué documentos necesita presentar ante un juez. Sin embargo, organizaciones de defensa temen que niños migrantes no acompañados enfrenten procesos de deportación sin una representación legal especializada.
La alarma surgió después de que el gobierno de Donald Trump adjudicó un contrato de 150 millones de dólares a Burke Law Group, un pequeño bufete de Houston, para ofrecer servicios legales a menores migrantes. El acuerdo comenzará el 15 de agosto y tendrá una duración de un año.
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El contrato llega después de que la administración dejó vencer el acuerdo con una red de casi 100 proveedores de asistencia jurídica. Esa red ingresaba a albergues, explicaba a los niños sus derechos y los representaba en procedimientos migratorios.
Burke Law Group mantiene vínculos con el gobierno de Trump y con causas conservadoras. Sin embargo, solo dos de los 25 abogados que el despacho mostraba en su sitio web tenían experiencia relevante en derecho migratorio.
El gobierno eligió al bufete mediante un acuerdo de fuente única, sin una licitación competitiva ni una explicación pública sobre esa decisión. Marcella Burke, fundadora de la firma, trabajó en la Agencia de Protección Ambiental y en el Departamento del Interior durante el primer mandato de Trump.
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El nuevo contrato cubre a unos 1.800 menores que viven en albergues federales. Sin embargo, deja pendiente la atención de cerca de 22.000 niños que viven con familiares o patrocinadores. Para los grupos legales, esa brecha puede dejar a miles de menores sin orientación ni defensa.
La ley federal obliga al gobierno a facilitar representación legal a niños sometidos a procesos de deportación. Aun así, organizaciones reportan audiencias adelantadas, decenas de casos llamados al mismo tiempo y solicitudes de información privada de menores.
No se trata de un trámite administrativo. Se trata de niños que necesitan que un adulto capacitado defienda sus derechos antes de que un juez tome una decisión que puede cambiar toda su vida.
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