Panamá ha sido testigo de una serie de protestas masivas, las más numerosas desde la dictadura en los años 80.
Las movilizaciones están en contra de un controvertido contrato que permite a la empresa minera canadiense, First Quantum Minerals, extraer cobre y minerales en una extensa zona boscosa del país durante las próximas dos décadas con posibilidad de extensión contractual.
Los manifestantes, incluyendo jóvenes activistas, han cerrado avenidas y carreteras exigiendo la derogación de este contrato.
El contrato anterior que data de 1997, fue declarado inconstitucional de acuerdo a la legislación en 2017 por no asegurar beneficios suficientes para el Estado y carecer de consideraciones para el bienestar social.
El gobierno del presidente Cortizo, en medio de intensas negociaciones, acordó un nuevo contrato con Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals, y lo promulgó rápidamente en octubre de 2023, lo que desencadenó las protestas.
Los manifestantes creen que el contrato:
El presidente Cortizo y el gobierno defienden el contrato, argumentando que garantiza empleos y aportes significativos al Estado. Minera Panamá destaca su contribución al Producto Interno Bruto del país y la inversión en la mina. A pesar de las protestas, han mantenido su posición.
El presidente ha propuesto una consulta popular que se realizaría el 17 de diciembre, “a través de la participación ciudadana, mediante el voto podremos legitimar la voluntad del pueblo, cuyo resultado será de obligatorio cumplimiento. El pueblo es el soberano”, declaró el mandatario acerca del planteamiento para llegar a la solución, pero el Tribunal Electoral plantea desafíos en su realización.
Los opositores sugieren que la Corte Suprema podría ser la solución, ya que varios recursos de inconstitucionalidad se han presentado contra el contrato. La resolución de la Corte podría determinar el futuro del controvertido contrato.
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