Un informe de la FLED documenta 730 violaciones a la libertad de expresión contra periodistas nicaragüenses desde 2018, con el Estado como principal agresor.
Las periodistas nicaragüenses han sufrido al menos 730 violaciones a la libertad de expresión desde 2018, según un informe de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), con sede en Costa Rica. El estudio identifica al Estado de Nicaragua como el principal perpetrador de estas agresiones, que han forzado a muchas comunicadoras a abandonar la profesión o huir del país por temor a represalias.
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El informe Estado situacional de mujeres periodistas nicaragüenses revela que, entre 2018 y 2025, al menos 106 mujeres forman parte de las 304 personas de medios que salieron del país por razones de seguridad o fueron desterradas. La FLED, integrante de la red Voces del Sur, advierte que esta dinámica ha debilitado de forma severa el ejercicio del periodismo independiente.
Del total de agresiones documentadas, el 59,3 % provino directamente del aparato estatal. Según el informe, instituciones como la Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutan citatorias injustificadas y amenazas, mientras el sistema judicial impulsa procesos penales sin sustento. Otras dependencias cancelan medios, clausuran organizaciones y restringen derechos económicos y sociales de las periodistas y sus familias.
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La FLED señala que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo también recurre a actores parapoliciales, militantes partidarios y troles digitales para ampliar la represión. Esta “tercerización” crea un entorno de hostigamiento constante contra las comunicadoras.
El análisis identifica patrones específicos de violencia de género. Ocho de cada diez periodistas atendidas por psicólogas reportaron violencia sexual. Las amenazas incluyen agresiones sexualizadas, ataques contra sus hijos y el uso de la maternidad como forma de tortura psicológica. En el ámbito digital, los agresores exponen su vida privada, cuestionan su capacidad profesional y las ridiculizan por su apariencia.
El informe concluye que estas prácticas buscan silenciar voces críticas y consolidar un clima de miedo que restringe gravemente la libertad de prensa en Nicaragua.
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