El Gobierno de Colombia declaró emergencia económica para crear impuestos sin aval del Congreso, una decisión que generó críticas empresariales y debate legal.
El Gobierno de Colombia declaró una emergencia económica por 30 días, una decisión que habilita al presidente Gustavo Petro a crear impuestos sin la aprobación del Congreso. El objetivo, según el decreto, es aumentar la recaudación para financiar sectores como la salud pública, el Ejército y el pago de la deuda estatal.
Otras noticias:Jara y Kast suben el tono en el penúltimo debate presidencial antes del balotaje en Chile
La medida llega tras el fracaso de una nueva reforma tributaria en el Congreso, que habría sumado cerca de 4.000 millones de dólares al presupuesto de 2026, un año clave por las elecciones presidenciales y legislativas. Ante ese escenario, el Ejecutivo optó por un mecanismo excepcional previsto en la Constitución.
Desde su llegada al poder en 2022, el gasto público ha crecido de forma sostenida. Para 2025, el presupuesto nacional ronda los 134.000 millones de dólares, una cifra que supera incluso los niveles registrados durante la pandemia del COVID-19. El decreto justifica la emergencia por la necesidad de cubrir subsidios eléctricos, pagos a aseguradoras de salud e inversiones cercanas a 700 millones de dólares en infraestructura contra drones usados por grupos armados.
Léase también: El Vaticano rechaza nuevamente la ordenación de mujeres como diáconos
El texto autoriza al Gobierno a tomar las medidas que considere necesarias para conjurar la crisis fiscal y evitar que sus efectos se profundicen en la economía.
Las asociaciones empresariales reaccionaron con dureza. Para varios gremios, el decreto representa un intento de eludir el control del Congreso sobre las finanzas públicas. Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, calificó la medida como un “abuso del derecho” y cuestionó su legitimidad.
Medios locales informaron sobre un borrador que plantea nuevos impuestos al patrimonio y un fuerte aumento a los tributos sobre licores como el ron y el vino, aunque el Gobierno aún no ha detallado las medidas concretas.
Analistas prevén que la Corte Constitucional revise y eventualmente anule el decreto. La ley colombiana exige que estas emergencias respondan a amenazas graves e imprevisibles. Para expertos como el economista Jorge Restrepo, el déficit fiscal actual no cumple ese criterio, ya que se conoce desde hace más de un año. La decisión abre un nuevo frente de tensión política y jurídica en Colombia.
Te puede interesar: ¿Retroceso con el aborto en Chile? Si gana la derecha
