La Corte Suprema limitó la capacidad de los estados para investigar centros antiaborto acusados de difundir información engañosa a mujeres embarazadas.
La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que podría dificultar las investigaciones estatales contra centros antiaborto acusados de engañar a mujeres embarazadas y operar sin supervisión médica adecuada.
La decisión surgió del caso First Choice Women’s Resource Centers v. Platkin, relacionado con una cadena de llamados “Centros de embarazo en crisis” en New Jersey. Las autoridades estatales intentaban acceder a registros internos por sospechas de prácticas engañosas, publicidad falsa y posibles violaciones de privacidad.
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El gobierno de Nueva Jersey señaló que estos centros ofrecían asesoramiento ideológico disfrazado de atención médica. Además, cuestionó que algunos trabajadores sin licencia médica brindaran información sanitaria a pacientes vulnerables.
La organización investigada se negó a entregar documentos solicitados por fiscales estatales y llevó el caso hasta la Corte Suprema. Finalmente, los jueces determinaron que el conflicto puede revisarse en tribunales federales, abriendo una nueva vía legal basada en argumentos de libertad de expresión y libertad religiosa.
Grupos defensores de derechos reproductivos consideran que la decisión debilita una de las pocas herramientas disponibles para supervisar a estos centros.
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En Texas y otros estados conservadores, los llamados “crisis pregnancy centers” se han expandido rápidamente. Muchos funcionan cerca de clínicas médicas reales y ofrecen pruebas de embarazo y ultrasonidos gratuitos para atraer pacientes.
Diversos estudios citados por organizaciones de salud sostienen que cerca del 80 % de estos centros difunden información falsa o engañosa sobre aborto, anticonceptivos y salud reproductiva.
Activistas también denuncian que muchos establecimientos no están sujetos a normas médicas como la protección de datos bajo HIPAA ni a controles profesionales obligatorios.
Mientras tanto, organizaciones conservadoras impulsan leyes estatales para blindar legalmente a estos centros frente a futuras investigaciones. El fallo de la Corte Suprema podría fortalecer esa estrategia y ampliar la protección jurídica de estas organizaciones en todo el país.
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