El Senado argentino convirtió en ley la reforma de Javier Milei que baja la edad de imputabilidad a 14 años para delitos graves, tras un debate de siete horas.
El Senado argentino convirtió en ley la reforma penal juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad para delitos graves como homicidio, abuso sexual y secuestro. La iniciativa obtuvo 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, tras casi siete horas de debate.
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El oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza, consiguió el apoyo de bloques aliados y celebró el resultado como una victoria legislativa clave en su agenda de seguridad. En redes sociales, Milei resumió el espíritu de la norma con una frase directa: “El que las hace, las paga”.
El proyecto ya contaba con media sanción de Diputados desde el 3 de febrero y cierra el período de sesiones extraordinarias con uno de los cambios más profundos en materia penal de las últimas décadas.
La ley crea un sistema especializado para jóvenes de 14 a 18 años y establece principios de proporcionalidad y excepcionalidad en la privación de libertad. Fija una pena máxima de 15 años para delitos graves y prevé medidas alternativas para infracciones menores, como servicios comunitarios o monitoreo electrónico.
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El texto prohíbe alojar a adolescentes con adultos y ordena la creación de tribunales específicos. Además, destina 23.700 millones de pesos iniciales a las provincias para implementar el nuevo esquema.
El peronismo y la izquierda rechazaron la reforma y advirtieron sobre posibles cuestionamientos constitucionales. Algunos senadores alertaron por la falta de recursos y anticiparon litigios judiciales.
Casos de alto impacto, como los asesinatos de Bruno Bussanich y Jeremías Monzón, impulsaron el reclamo social que desembocó en esta ley. El Gobierno sostiene que la medida reducirá la impunidad y permitirá intervenir antes frente a delitos cada vez más violentos.
Argentina se alinea así con varios países de la región que fijan la imputabilidad en 14 años o menos. El desafío ahora será aplicar el nuevo régimen con eficacia y garantizar programas reales de reinserción.
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