
La Corte Suprema de EE.UU. se inclina por mantener leyes estatales que prohíben a atletas trans competir en equipos femeninos escolares y universitarios.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos, de mayoría conservadora, dio señales claras este martes de que mantendrá las leyes estatales que prohíben a las atletas trans competir en equipos femeninos en escuelas y universidades. Tras más de tres horas de alegatos, al menos cinco de los seis jueces conservadores expresaron que estas normas no violan la Constitución ni el Título IX.
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Las demandas fueron presentadas por Becky Pepper-Jackson, estudiante de secundaria en Virginia Occidental, y Lindsay Hecox, alumna de la Universidad de Idaho. Ambas sostienen que su exclusión de los equipos femeninos constituye discriminación por identidad de género.
Durante la audiencia, la mayoría conservadora cuestionó que el Título IX, la ley que prohíbe la discriminación por sexo en instituciones educativas, obligue a permitir la participación de atletas trans en competiciones femeninas. Los jueces apuntaron a que los estados pueden establecer categorías separadas basadas en diferencias biológicas.
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Aunque no hay fecha para el fallo, la Corte suele publicar sus decisiones en junio, antes del cierre del periodo judicial. La sentencia tendrá alcance nacional y afectará a atletas trans en deportes escolares y universitarios, así como a leyes similares vigentes en otros 25 estados.
Tribunales inferiores fallaron previamente a favor de Pepper-Jackson y Hecox, pero el Supremo no parece dispuesto a seguir ese criterio. El caso se enmarca en la agenda del presidente Donald Trump contra las políticas de inclusión trans.
Desde su regreso al poder en enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que reconoce solo dos sexos y exige usar el sexo asignado al nacer en documentos oficiales. Esa decisión generó protestas y demandas judiciales.
Durante un discurso en Detroit, Trump calificó los casos como “ridículos” y afirmó que permitir la participación de atletas trans en deportes femeninos es una falta de respeto hacia las mujeres. Su Administración defendió ante el Supremo que los estados deben separar equipos por “diferencias biológicas reales”.
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