Organizaciones en Honduras instan a candidatos presidenciales a firmar un pacto social y fiscal que garantice igualdad, justicia y protección de derechos para las mujeres.

El colectivo Plataforma 25 de Noviembre convocó a los cinco candidatos presidenciales de Honduras a firmar un “pacto social y fiscal por los derechos de las mujeres”, de cara a las elecciones del próximo 30 de noviembre.

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La iniciativa se fundamenta en principios de igualdad, justicia social, participación y sostenibilidad, y busca asegurar compromisos que garanticen la vida y dignidad de las mujeres.

Presupuesto con enfoque de género

Entre las demandas destacan la creación de una política fiscal que destine al menos el 20 % del presupuesto institucional a programas de igualdad, lo que representaría unos dos millones de dólares anuales para implementar la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.

El plan también exige reformas estructurales, como modificar la Ley Orgánica de Presupuesto para incluir perspectiva de género y reactivar el programa interinstitucional de Ciudad Mujer.

Exigencias en materia fiscal y social

El colectivo demanda la eliminación de impuestos discriminatorios y la exención del Impuesto Sobre Ventas en productos de higiene menstrual, incluyéndolos en la canasta básica. También propone asignar un 20 % del impuesto sobre bebidas alcohólicas a financiar Casas Refugio y programas de prevención de violencia.

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A su vez, plantean un sistema de incentivos fiscales para empresas con prácticas igualitarias, además de suspender beneficios a aquellas que incumplan compromisos de derechos de mujeres.

Honduras: un país hostil para las mujeres

Las activistas exigen aprobar una ley contra la violencia política y asegurar la participación igualitaria de mujeres en procesos electorales. Señalan que Honduras sigue siendo “uno de los países más difíciles para ser mujer”, con más de 7.700 asesinatos de mujeres desde 2005 y un 95 % de impunidad en estos casos.

Según el Centro de Estudios de la Mujer, entre 2021 y 2023 se registraron más de 73.000 denuncias de violencia contra mujeres, lo que refleja la urgencia de este pacto social.

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