Un informe revela que el acceso al aborto mediante las EPS aumentó 22 % en Colombia desde 2022. Persisten barreras, pero crece la garantía de derechos reproductivos.
El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a través de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) aumentó un 22 % en Colombia durante los últimos cuatro años, según un informe presentado por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Los datos reflejan un avance en la garantía de los derechos reproductivos, aunque la organización advierte que todavía existen obstáculos que afectan especialmente a mujeres, niñas y personas en condición de vulnerabilidad.
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El documento, titulado Más allá del acceso al aborto: 20 años de acompañamiento, analizó 2.532 casos atendidos desde la sentencia de la Corte Constitucional de 2022, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación.
En 2025, el 62,9 % de las mujeres acompañadas logró acceder al procedimiento mediante las EPS, frente al 40,9 % registrado en 2022. Además, 1.360 personas pudieron interrumpir su embarazo de manera segura gracias al acompañamiento de la organización.
Aunque el acceso ha mejorado, el informe señala que las dificultades continúan. Mujeres de zonas rurales, comunidades indígenas, afrodescendientes, población migrante y personas con menores recursos siguen enfrentando demoras, desinformación y obstáculos administrativos para ejercer un derecho reconocido por la justicia colombiana.
La organización destacó que el 76 % de los casos atendidos requirió orientación sobre las rutas de acceso y el alcance del derecho al aborto, mientras que solo el 19,2 % necesitó acciones legales, una reducción frente a años anteriores.
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El estudio también muestra que el uso de subsidios para acceder a clínicas privadas cayó del 31 % al 1,2 %, lo que evidencia una mayor respuesta del sistema público de salud.
Desde La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres afirmaron que garantizar el acceso al aborto no solo protege la salud y la autonomía de las mujeres, sino que también fortalece las instituciones y contribuye a construir políticas públicas más respetuosas de los derechos humanos. Según la organización, el acompañamiento y la educación siguen siendo claves para que ninguna mujer vea vulnerado su derecho a decidir.
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