Ana Lucía González, de nueve años, apareció muerta en una alcantarilla de Bogotá. La Fiscalía capturó al expareja de su hermana y analiza el caso como violencia vicaria.
Ana Lucía González Mendoza, una niña venezolana de nueve años, desapareció el lunes 14 de septiembre en Mosquera, Cundinamarca, mientras visitaba a su hermana mayor. Dos días después, la Policía capturó a José Rojas Larez, de 29 años, señalado como responsable de su muerte.
Las autoridades encontraron el cuerpo de la menor dentro de una alcantarilla en el barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte del recorrido: Ana Lucía salió de Mosquera como pasajera de una motocicleta conducida por Rojas Larez. Luego, los investigadores perdieron su rastro en Fontibón.
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El caso comenzó después de una fuerte discusión entre Rojas Larez y Rusmeiri González, hermana de Ana Lucía y expareja del detenido. Según el relato de González, el hombre reaccionó con violencia después de revisar su teléfono y descubrir un mensaje de otro hombre. Durante el enfrentamiento, rompió objetos dentro de la vivienda y posteriormente salió del lugar con la niña.
La Fiscalía investiga el crimen y anunció que imputará a Rojas Larez por homicidio agravado, acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años. La entidad también ha señalado elementos compatibles con un posible caso de violencia vicaria, una forma de violencia en la que se utiliza a personas cercanas a una mujer para causarle daño.
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El dictamen preliminar de Medicina Legal apunta a que Ana Lucía murió por asfixia, aunque los análisis definitivos deberán establecer las circunstancias exactas de su muerte y determinar si sufrió otras agresiones.
La familia busca trasladar el cuerpo a Venezuela para darle sepultura. Mientras tanto, las autoridades continúan reconstruyendo qué ocurrió entre Mosquera y Ciudad Bolívar y cuál fue la responsabilidad exacta del hombre capturado.
El asesinato provocó además llamados de distintos sectores políticos para reforzar la protección de niños y niñas y garantizar justicia. Algunos congresistas pidieron aumentar las penas, mientras otros reclamaron mayores medidas de prevención y protección infantil.
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