

Hay momentos en los que el cansancio de una sociedad termina siendo más fuerte que cualquier advertencia. Cuando un país acumula años de crisis, inseguridad, corrupción y frustraciones económicas, las promesas de cambio rápido se vuelven especialmente atractivas. Eso ocurrió en Argentina.
A millones de argentinos les dijeron que existía una salida simple para problemas complejos. Que bastaba con reducir drásticamente el Estado, eliminar regulaciones, recortar el gasto público y liberar la economía para que llegaran las inversiones, creciera el empleo y mejorara la calidad de vida. El mensaje conectó con una población agotada por años de incertidumbre.
Hoy Argentina continúa debatiendo los efectos de ese modelo. Mientras algunos indicadores macroeconómicos muestran mejoras, muchas familias enfrentan dificultades para sostener su poder adquisitivo, los jubilados han perdido capacidad de compra y sectores como la educación pública, la investigación y diversos programas sociales atraviesan fuertes restricciones presupuestarias. Por eso resulta imposible observar la elección presidencial de Colombia sin recordar lo que ocurrió de este lado de la frontera.
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El candidato Abelardo de la Espriella ha construido buena parte de su campaña alrededor de una idea poderosa: convertir a Colombia en un “país milagro”.
La propuesta combina tres pilares que han ganado fuerza en distintos países de América Latina: mano dura contra la delincuencia, reducción del tamaño del Estado y desregulación económica para atraer inversiones.
Su discurso recuerda a experiencias recientes como las de Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina. También incorpora elementos comunes de la nueva derecha regional, como la crítica a los “mismos de siempre”, la promesa de una transformación profunda y la idea de que el crecimiento económico llegará una vez que se eliminen obstáculos estatales.
Sobre el papel, el planteamiento parece atractivo. ¿Quién no quiere un país más seguro, con más empleo y mejores oportunidades?
La pregunta importante es otra: ¿qué ocurre cuando esas promesas comienzan a aplicarse?
Una de las principales propuestas de De la Espriella consiste en reducir el Estado colombiano en un 40 por ciento. También plantea disminuir contrataciones públicas, eliminar entidades y avanzar hacia una mayor austeridad fiscal.
La discusión no debería centrarse en si el Estado necesita reformas. Es evidente que cualquier administración pública puede mejorar su eficiencia. El verdadero debate consiste en determinar quién asume el costo de esos recortes.
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La experiencia en Argentina ofrece una advertencia clara. Cuando se reducen presupuestos públicos, los efectos no recaen únicamente sobre la dirigencia política. También impactan sobre estudiantes, trabajadores, jubilados, investigadores, pacientes y ciudadanos que dependen de servicios esenciales.
Las campañas suelen presentar los ajustes como decisiones técnicas. Sin embargo, detrás de cada partida presupuestaria existen personas reales.
Por eso la promesa de un “milagro económico” merece un análisis más profundo que el entusiasmo electoral del momento.
La seguridad ocupa el centro de la campaña de De la Espriella. El candidato propone fortalecer las fuerzas armadas, aumentar los sistemas de vigilancia, combatir con mayor intensidad a los grupos armados y endurecer la respuesta del Estado frente al crimen organizado.
La preocupación de los colombianos por la inseguridad es legítima. El país enfrenta desafíos complejos relacionados con el narcotráfico, la violencia territorial y las organizaciones ilegales. Sin embargo, la experiencia regional demuestra que las políticas de mano dura también generan interrogantes importantes.
El modelo de Bukele en El Salvador suele presentarse como un ejemplo exitoso por la reducción de los índices de violencia. Pero organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han señalado preocupaciones sobre detenciones arbitrarias y restricciones a garantías fundamentales.
La historia latinoamericana enseña que el miedo puede convertirse en una poderosa herramienta política. Cuando una sociedad exige seguridad con urgencia, muchas veces acepta medidas que en otras circunstancias consideraría excesivas. Por eso el desafío consiste en encontrar soluciones efectivas sin debilitar las instituciones democráticas.
Las elecciones no se definen únicamente por programas de gobierno. También reflejan emociones, frustraciones y expectativas de futuro.
El crecimiento de Abelardo de la Espriella demuestra que existe una parte importante de la sociedad colombiana que busca cambios profundos. Ese sentimiento merece respeto. Pero también merece un debate informado.
La experiencia en Argentina no significa que Colombia vaya a recorrer exactamente el mismo camino. Cada país tiene su propia realidad. Sin embargo, existen similitudes que vale la pena observar.
Las promesas de un milagro económico, la reducción drástica del Estado, la confianza absoluta en el mercado y la idea de que los problemas estructurales pueden resolverse rápidamente ya formaron parte de otras experiencias recientes en la región.
Muchos argentinos escucharon discursos similares y descubrieron después que los costos sociales eran mayores de lo que imaginaban. Por eso Colombia enfrenta una oportunidad que otros países ya perdieron: evaluar las promesas antes de vivir sus consecuencias.
Porque los milagros económicos casi nunca existen. Lo que sí existen son decisiones políticas que benefician a unos sectores, afectan a otros y terminan moldeando la vida cotidiana de millones de personas. La pregunta que Colombia debería hacerse antes de votar no es quién promete más cambios, sino quién explica con mayor honestidad el precio que esos cambios tendrán para la sociedad.
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