Nayib Bukele criticó a activistas y ONG tras un informe presentado ante la CIDH que denuncia violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción contra pandillas.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, arremetió contra activistas y organizaciones de derechos humanos que cuestionan su política de seguridad y afirmó que buscan la liberación de miles de pandilleros detenidos durante el régimen de excepción.
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Las declaraciones del mandatario surgieron tras la presentación de un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES). El documento sostiene que durante el estado de excepción podrían haberse cometido violaciones graves a los derechos humanos. 
Bukele respondió a estas acusaciones mediante publicaciones en la red social X. Según el presidente, el informe plantea que todas las detenciones realizadas durante el régimen serían arbitrarias. “Si se acepta que el 100 % de las detenciones son arbitrarias, el Estado tendría que liberar al 100 % de los detenidos”, afirmó el mandatario al cuestionar las conclusiones del documento.
El gobierno salvadoreño instauró el régimen de excepción en marzo de 2022 para enfrentar a las pandillas, luego de una ola de homicidios que sacudió al país. La medida suspendió algunos derechos constitucionales y amplió las facultades de las fuerzas de seguridad. 
Desde entonces, las autoridades han detenido a más de 91.000 personas acusadas de pertenecer o colaborar con estructuras criminales, aunque el propio gobierno reconoce que miles han sido liberadas tras comprobarse su inocencia. 
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El informe presentado ante la CIDH sostiene que existen indicios de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia durante el régimen de excepción. 
Los expertos señalan que más de 89.000 personas han sido arrestadas desde el inicio de la medida y documentan centenares de fallecimientos en prisión y denuncias de abusos. 
Bukele defendió la política de seguridad y aseguró que la ofensiva contra las pandillas permitió reducir drásticamente los niveles de violencia en el país. Las autoridades sostienen que antes del régimen estos grupos criminales controlaban gran parte del territorio y cometían extorsiones y asesinatos de forma generalizada.
Pese a las críticas de organizaciones internacionales, el gobierno mantiene su estrategia y considera que la medida ha sido clave para mejorar la seguridad en El Salvador.
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