Un recurso judicial pide suspender el aumento del 23,7 % del salario mínimo en Colombia. Alegan falta de diálogo y riesgos para empleo y pymes.
Una acción judicial busca frenar el aumento del 23,7 % del salario mínimo decretado por el Gobierno colombiano para 2026. El recurso fue presentado este martes por Alejandro Linares, expresidente de la Corte Constitucional, quien actuó como apoderado de un ciudadano y solicitó la suspensión provisional de la medida.
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El incremento, firmado por el presidente Gustavo Petro a finales de diciembre, fijó el salario mínimo legal mensual vigente y el auxilio de transporte en dos millones de pesos. Linares argumentó que el Ejecutivo adoptó la decisión sin cumplir plenamente el diálogo obligatorio con empresarios y sindicatos, un mecanismo tradicional en Colombia para definir el ajuste anual.
En la acción de tutela, el exmagistrado sostuvo que el Gobierno vulneró el derecho al debido proceso. Según el escrito, la administración no evaluó de forma suficiente los efectos económicos del aumento ni respetó el esquema de concertación tripartita entre Estado, empleadores y trabajadores.
Linares advirtió que la entrada en vigor del alza desde el 1 de enero genera un impacto inmediato sobre micro, pequeñas y medianas empresas. También señaló riesgos para el empleo formal y para los trabajadores informales, debido al aumento de los costos laborales.
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En paralelo a esta acción judicial, el Consejo Gremial Nacional pidió a la Corte Constitucional dejar sin efecto el decreto que fijó el salario mínimo. Además, solicitó tumbar el Decreto 1390 de 2025, con el que el Gobierno declaró el estado de emergencia económica para cubrir el déficit fiscal mediante medidas tributarias.
Sectores empresariales y analistas consideran que el aumento resulta excesivo. Argumentan que el salario mínimo sirve de referencia para aportes a la seguridad social, copagos en salud y otros costos indexados, lo que podría presionar la inflación y reducir el poder adquisitivo real.
En Colombia, cuando no hay acuerdo entre sindicatos y empresarios, el Gobierno puede fijar el salario por decreto. Esa facultad, aunque legal, vuelve a estar en el centro del debate judicial y político.
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