Chile inicia expulsiones de migrantes con primer vuelo de 40 personas, en medio de una política más dura del gobierno de Kast contra la migración irregular.
El Gobierno de José Antonio Kast concretó el primer vuelo de expulsión de migrantes en situación irregular, marcando el inicio de una de sus principales promesas de campaña.
La aeronave despegó desde Santiago con 40 personas a bordo, en un operativo que forma parte de una estrategia más amplia para reforzar el control migratorio y enfrentar el crimen organizado. 
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En este primer vuelo no hubo ciudadanos venezolanos. Los expulsados eran principalmente de Bolivia, Ecuador y Colombia, varios de ellos con antecedentes penales o ingreso irregular al país. 
Del total, una parte correspondía a expulsiones administrativas y otra a decisiones judiciales, lo que refleja el enfoque mixto del plan gubernamental. El operativo incluyó un fuerte despliegue de seguridad con escoltas policiales para cada migrante, además de personal médico durante el traslado. 
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El Ejecutivo busca expulsar a más de 300.000 migrantes en situación irregular, una meta ambiciosa que ha generado debate sobre su viabilidad.
Autoridades han adelantado que aumentarán la frecuencia de estos vuelos y evalúan implementar expulsiones por vía terrestre o en vuelos comerciales. Además, el plan incluye medidas como el refuerzo fronterizo con tecnología, presencia militar y controles más estrictos en el norte del país.
Uno de los principales desafíos es la falta de relaciones diplomáticas con Venezuela, lo que dificulta la expulsión de ciudadanos de ese país. Ante este escenario, el Gobierno ha impulsado las salidas voluntarias, y ya miles de venezolanos han abandonado Chile por esta vía. 
El inicio de las expulsiones ha generado reacciones divididas en el ámbito político y social, con críticas por el alcance inicial del plan y apoyo de sectores que exigen mayor control migratorio. 
Mientras tanto, el Gobierno insiste en que este primer vuelo es solo el comienzo de una política sostenida que busca recuperar el control de las fronteras y responder a la presión ciudadana sobre seguridad.
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