La Corte IDH condena a Honduras por detenciones ilegales y fallas
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February 5, 2026
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355 palabras. 3 minutos

Honduras condenada por la detención y la falta de investigación sobre la muerte de una mujer trans

Redacción Digital

La Corte IDH condena a Honduras por detenciones ilegales y fallas en la investigación del asesinato de la mujer trans Leonela Zelaya en 2004.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Honduras por las detenciones arbitrarias de la mujer trans Leonela Zelaya y por graves fallas en la investigación de su muerte en 2004. En su sentencia, el tribunal concluyó que el Estado incurrió en responsabilidad internacional por tres arrestos ilegales ocurridos ese año y por vulnerar su identidad y expresión de género durante el proceso judicial.

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Los jueces determinaron que las detenciones se basaron en una normativa ambigua que otorgaba amplia discrecionalidad a la policía. Además, señalaron que el Estado no presentó pruebas que justificaran las privaciones de libertad. Durante esos episodios, las autoridades desconocieron su identidad de género, lo que violó derechos fundamentales como la personalidad jurídica, el nombre, la libertad personal y la igualdad ante la ley.

Fallas en la investigación

El tribunal también identificó deficiencias graves en la investigación del asesinato. Las autoridades no aseguraron adecuadamente la escena del crimen, omitieron testimonios clave y no analizaron si el homicidio se relacionaba con violencia contra mujeres trans. La Corte subrayó que la investigación avanzó con demoras injustificadas.

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Leonela Zelaya tenía 34 años, vivía con VIH y ejercía el trabajo sexual. Su cuerpo apareció el 7 de septiembre de 2004 en Comayagüela. En 2018, la justicia hondureña cerró el caso y lo atribuyó a un intento de robo cometido por otra mujer trans, fallecida en 2007. La Corte indicó que no cuenta con elementos suficientes para responsabilizar al Estado por el homicidio, pero sí por las irregularidades posteriores.

Medidas ordenadas

El fallo ordena reabrir el expediente, impulsar nuevas diligencias y sancionar a los responsables. También exige un acto público de reconocimiento de responsabilidad y la reforma de la Ley de Policía y Convivencia Social para establecer criterios claros en las detenciones.

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