Organizaciones denuncian que miles de mujeres enfrentan demoras, falta de insumos y altos costos para acceder al aborto legal en Argentina.
A casi seis años de la aprobación de la Ley 27.610, organizaciones de derechos humanos y salud sexual alertaron sobre un fuerte deterioro en el acceso al aborto legal en Argentina. Denuncian faltantes de medicamentos, demoras en hospitales públicos y una reducción de políticas estatales vinculadas a salud reproductiva durante el gobierno de Javier Milei.
La situación afecta especialmente a mujeres de bajos recursos, adolescentes y personas gestantes que dependen exclusivamente del sistema público de salud. Según Amnistía Internacional, durante 2025 aumentaron un 300 % las consultas y denuncias relacionadas con obstáculos para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.
Otras noticias: El presidente de Brasil, Lula da Silva, sanciona una ley tipifica la violencia vicaria con hasta 40 años de prisión
“Me dijeron que las pastillas cuestan 170 mil pesos. No puedo pagarlas”, relató Paula, una mujer de Tucumán que aseguró no tener condiciones económicas ni físicas para continuar otro embarazo.
Diversas provincias reportaron problemas en el abastecimiento de misoprostol y mifepristona, medicamentos esenciales para garantizar abortos seguros. La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva reconoció consultas formales de gobiernos provinciales por faltantes de insumos.
Además, organizaciones sociales sostienen que el Gobierno nacional interrumpió compras iniciadas durante la administración anterior y redujo la distribución de anticonceptivos y preservativos en hospitales y centros de salud. En provincias como Salta, médicos y trabajadores sanitarios advirtieron sobre saturación hospitalaria y demoras que superan los diez días establecidos por la ley para garantizar la práctica.
Léase también: Trump destina más de 250 millones de dólares para pagar a los policías que arresten a migrantes
El presidente Javier Milei ha criticado públicamente el aborto legal y lo ha incluido dentro de sus cuestionamientos a políticas de género y derechos reproductivos. Mientras tanto, organizaciones feministas sostienen que el problema actual no radica en la legalidad de la práctica, sino en las dificultades concretas para ejercer ese derecho.
Amnistía Internacional también alertó sobre el impacto en adolescentes. Según la organización, las consultas de jóvenes entre 14 y 19 años crecieron más de un 300 % en el último año, mientras muchas desconocen dónde acudir o cómo acceder al procedimiento.
Especialistas advierten que las desigualdades territoriales y económicas vuelven a condicionar el acceso a un derecho vigente en todo el país.
Te puede interesar: Un movimiento LGTBI de Chile pide a Kast no retroceder en derechos de la diversidad sexual
