Abelardo de la Espriella derogó la suspensión nacional del porte de armas para 2026, pero el cambio no permite el porte libre y mantiene los permisos vigentes.
El presidente Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1368 de 2026, con el que derogó el Decreto 1482 del 31 de diciembre de 2025, que había extendido durante todo 2026 la suspensión nacional del porte de armas de fuego.
La decisión no significa que cualquier persona pueda salir armada. El nuevo decreto mantiene los requisitos establecidos por el Decreto Ley 2535 de 1993 y otras normas vigentes. Solo podrán portar armas quienes cuenten con un permiso vigente y no tengan su autorización suspendida o cancelada. Además, el porte queda limitado específicamente al arma amparada por el respectivo permiso y bajo las condiciones establecidas en este.
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De la Espriella defendió la medida con el argumento de que las restricciones adicionales no han impedido la circulación de armas ilegales y sostuvo que estas aparecen detrás de una gran parte de los delitos cometidos en Colombia.
Según las cifras presentadas por el presidente, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego. De ellas, 14.179 estarían relacionadas con delitos. El Gobierno atribuyó 980 armas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al ELN.
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Datos del Ministerio de Defensa correspondientes a 2025 señalan que Colombia tenía cerca de 700.000 armas con salvoconducto, según información entregada a la oficina del congresista conservador Juan Carlos Willis. Cerca del 40 % estaban registradas en Bogotá.
La discusión, sin embargo, no termina con el levantamiento de la restricción. Expertos han cuestionado la idea de que una mayor disponibilidad de armas entre civiles reduzca la delincuencia. Estudios citados en el debate señalan que el acceso a armas puede aumentar los riesgos de violencia y cuestionan argumentos como que estar armado garantiza mayor seguridad o disuade automáticamente a los delincuentes.
Así, aunque el Gobierno presenta la decisión como una respuesta al avance de las armas ilegales, el debate vuelve a centrarse en cuánto acceso a las armas debería tener la población civil y cuál es su impacto real sobre la seguridad.
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