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Filipinas enfrenta un intenso debate sobre educación sexual, embarazos adolescentes y derechos de los padres, tras enmiendas al proyecto de ley de CSE.
El proyecto de ley para la Educación Sexual Integral (CSE) en Filipinas se modificó tras la presión de grupos religiosos y conservadores. Se eliminó la frase “guiado por estándares internacionales” y se añadió una línea que garantiza “la patria potestad o la libertad académica y religiosa”. Además, se eliminaron las menciones al aborto y la anticoncepción.
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La senadora Risa Hontiveros, autora del proyecto, explicó que la ley busca empoderar a adolescentes sexualmente activos y mejorar el acceso a servicios de salud sexual. Sin embargo, el Proyecto Dalisay, coalición de organizaciones católicas y evangélicas, argumenta que la CSE amenaza los valores familiares y promueve conceptos inapropiados.
Jude, de 15 años, y Clara, de 14, son ejemplos de la problemática: ambas quedaron embarazadas en la adolescencia temprana y enfrentan riesgos de salud elevados. Jude aprendió sobre sexo a través de su pareja mayor y abandonó la escuela a los 14 años. Clara desconoce cuidados prenatales y educación sexual adecuada, reflejando la falta de información en las escuelas filipinas.
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Según datos de USAID, la edad media de las madres jóvenes es 15 años, y los embarazos en niñas de 14 o menos aumentaron un 38 % entre 2019 y 2023. La situación ha sido declarada “emergencia social nacional”, y el proyecto de ley busca frenar esta tendencia y ofrecer información y protección a adolescentes.
La última versión del proyecto se presentó el mes pasado y enfrentará múltiples audiencias y lecturas en comités. Los legisladores y grupos sociales continuarán debatiendo cómo equilibrar derechos de los padres, educación sexual y salud de las jóvenes filipinas.
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