ONG denuncia vejaciones y violencia contra presas políticas en Venezuela. Activistas exigen protección internacional y condiciones dignas
La directora del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), Andreína Baduel, denunció que las mujeres detenidas por razones políticas en Venezuela enfrentan condiciones de “inmensa vulnerabilidad” y sufren múltiples formas de violencia. 
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Durante una actividad en Caracas, la activista afirmó que estas mujeres padecen vejaciones, maltratos y abusos que incluyen violencia psicológica, institucional e incluso sexual. Además, advirtió que muchas permanecen detenidas de manera arbitraria, sin garantías adecuadas de protección. 
Baduel subrayó que los tratos crueles no solo afectan a las presas, sino también a sus familiares, en su mayoría mujeres que enfrentan presión, hostigamiento y precariedad. 
Según organizaciones de derechos humanos, las causas del desplazamiento y encarcelamiento están vinculadas a amenazas, persecución política y violencia sistemática. Estas condiciones reflejan un problema estructural que sigue sin resolverse.
Activistas también señalaron que las mujeres detenidas representan uno de los grupos más vulnerables dentro del sistema penitenciario, debido a la falta de condiciones dignas y atención adecuada.
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Durante la jornada, integrantes del CLIPP exigieron justicia, reparación para las víctimas y el cese de los abusos contra mujeres vinculadas a la oposición política.
Las demandas incluyen garantizar condiciones de reclusión dignas, evitar separaciones familiares por motivos políticos y asegurar el respeto de los derechos fundamentales. También pidieron que se restablezcan los derechos de las venezolanas en el exilio, para permitir su retorno con garantías plenas.
La organización hizo un llamado a la comunidad internacional para mantenerse alerta ante la situación y ejercer presión para proteger a las víctimas.
Actualmente, ONG como Foro Penal contabilizan más de 500 presos políticos en el país, entre ellos decenas de mujeres, lo que mantiene vigente la preocupación sobre derechos humanos.
El gobierno venezolano, por su parte, rechaza estas acusaciones y sostiene que las detenciones responden a delitos comunes, una postura cuestionada por organizaciones independientes. Para defensores de derechos humanos, la situación exige atención urgente y acciones concretas que garanticen seguridad, justicia y dignidad para las mujeres afectadas.
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