El nuevo Código Penal Dominicano todavía no entra plenamente en vigor y ya enfrenta una pregunta que ningún gobierno quisiera escuchar: ¿respeta realmente la Constitución?
Lo que debía poner fin a un debate que se prolongó durante más de dos décadas parece haber abierto otro aún más complejo. La promulgación de la Ley 74-25 no calmó las críticas; por el contrario, reunió a juristas, médicos, periodistas, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos que hoy coinciden en que varios de sus artículos deberían revisarse antes de aplicarse.
Sin embargo, el debate ya dio un paso más. El Código enfrenta recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional debido a la controversia que han generado varias de sus disposiciones. El amplio rechazo de distintos sectores obligó incluso al Poder Ejecutivo a impulsar modificaciones de emergencia antes de su entrada en vigor, prevista para principios de agosto de 2026.
Otras noticias: Costa Rica rechaza ante la ONU términos que visibilizan la violencia de género
No se trata únicamente de diferencias políticas, sino de posibles conflictos con derechos protegidos por la Constitución. Uno de los puntos más cuestionados es la libertad de expresión, el ejercicio médico y la inclusión de las 3 causales, situaciones excepcionales que permitirán proteger a niñas y mujeres al momento de interrumpir un embarazo. Más de 70 juristas dominicanos han defendido la incorporación de las tres causales al considerar que la redacción actual podría entrar en conflicto con derechos fundamentales como la vida, la salud, la dignidad, la igualdad y la integridad de las mujeres. Para estos especialistas, el Estado tiene la obligación constitucional de proteger también a quienes enfrentan embarazos que ponen en riesgo su vida, son consecuencia de una violación o presentan inviabilidad fetal.
Léase también: La extrema derecha de Chile busca que las mujeres escuchen el latido del feto antes de abortar
Las críticas ya no provienen únicamente del ámbito de los derechos humanos. El Colegio Médico Dominicano (CMD) solicitó al Senado revisar los artículos 8, 9, 12 y 354 de la Ley 74-25 al advertir que podrían afectar el ejercicio de la medicina y vulnerar el derecho a la salud reconocido en el artículo 61 de la Constitución. Su presidente, Luis Alberto Peña Núñez, alertó que el temor a sanciones penales podría fomentar la llamada “medicina defensiva”, donde los profesionales prioricen protegerse legalmente antes que tomar decisiones clínicas oportunas para sus pacientes.
Otro de los focos de controversia se relaciona con la libertad de expresión. Diversos medios de comunicación, asociaciones de periodistas y analistas constitucionales calificaron algunos artículos sobre difamación y ultraje como una posible “Ley Mordaza”, al considerar que podrían limitar el ejercicio periodístico y el derecho ciudadano a informar y opinar libremente.
Las observaciones también alcanzan al derecho a la defensa. El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) rechazó la nueva redacción del artículo 310 al sostener que amenaza el libre ejercicio de la profesión y limita garantías esenciales para la defensa jurídica. El gremio considera que esa disposición podría ser incompatible con principios constitucionales relacionados con el debido proceso.
Frente a estas críticas, el Gobierno de Luis Abinader sostiene que el nuevo Código que se esta aprobado durante su gobierno, representa un paso histórico al reemplazar una legislación heredada de 1884 y afirma que las modificaciones propuestas buscan encontrar un equilibrio entre la modernización del sistema penal y la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, el verdadero examen apenas comienza, será el Tribunal Constitucional quien determine si las disposiciones cuestionadas se ajustan o no a la Carta Magna.
Lo más preocupante de este proceso es que lo que ahora llaman “el Código Abinader”, es una ley diseñada para definir los límites del poder del Estado termine generando temor entre quienes deberían sentirse protegidos por ella. Un Código Penal no puede convertirse en una herramienta que limite derechos fundamentales, silencie voces críticas o coloque barreras para acceder a la salud y a la justicia. La modernización de una legislación de más de un siglo era necesaria, pero modernizar no significa retroceder en derechos. Si una norma nace con advertencias de inconstitucionalidad, con sectores médicos, jurídicos y sociales pidiendo cambios, el problema no está en quienes cuestionan la ley, sino en una legislación que todavía no logra convencer de que protege a toda la ciudadanía. La verdadera tragedia sería aceptar como normal que, en nombre de la seguridad o del orden, el Código Abinader ataque todo lo que una democracia debería defender.
Te puede interesar: La filtración que puso bajo la lupa a Dialog y sus reuniones
