El Salvador mantiene una prohibición absoluta del aborto, criminalizando a mujeres y violando sus derechos. La justicia internacional exige cambios urgentes.
El 28 de septiembre se acerca, este dia América Latina conmemora la lucha por un aborto legal y seguro. Sin embargo, en El Salvador esta fecha se vive con un marcado contraste: las mujeres siguen enfrentando una de las legislaciones más restrictivas del mundo. Desde 1998, el aborto está prohibido en todas sus formas, incluso en casos de violación, incesto, inviabilidad fetal o riesgo para la vida de la madre. Esta prohibición convierte a cada embarazo en un campo minado para las mujeres, especialmente para aquellas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
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El resultado es devastador. Decenas de salvadoreñas han sido criminalizadas y condenadas por emergencias obstétricas que nunca debieron llegar a un tribunal. La salud y los derechos humanos se ven sistemáticamente violados en nombre de una moral que castiga más a las víctimas que a los agresores. Increíble, ¿no?
La historia de Rosita refleja con crudeza la magnitud del problema. Tras sufrir una violación y luego una emergencia obstétrica, fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado. Pasó más de 13 años encarcelada antes de obtener la libertad condicional, pero no la justicia. Su caso no es aislado. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto ha documentado más de 180 procesos judiciales contra mujeres entre 1999 y 2019.
Otro nombre que resuena es Manuela. Condenada en 2008 por perder a su bebé en un parto de emergencia, murió un año después en prisión, víctima de un cáncer no tratado y de un Estado que nunca reconoció su inocencia. Su caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que responsabilizó a El Salvador por violaciones a sus derechos. El fallo fue un precedente importante, aunque insuficiente frente a la magnitud del problema.
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Mientras países como México y Colombia avanzan hacia la despenalización y reconocen el aborto como un derecho fundamental, El Salvador se mantiene anclado en una visión punitiva. El país no solo criminaliza la práctica, sino que también estigmatiza a las mujeres con el apelativo de “mataniños”, perpetuando la discriminación social incluso después de salir de prisión.
La diferencia es clara: en contextos donde el aborto se legaliza, las muertes maternas disminuyen y la salud reproductiva mejora. En cambio, en países con prohibiciones absolutas, como El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, los abortos no desaparecen; simplemente se hacen inseguros, incrementando riesgos de muerte y criminalización.
La Organización Mundial de la Salud estima que cada año ocurren más de 25 millones de abortos inseguros en el mundo, responsables de 39.000 muertes y millones de hospitalizaciones. Negar un aborto seguro no impide que se practique; solo obliga a hacerlo en condiciones que ponen en riesgo la vida.
En El Salvador, muchas mujeres temen acudir a los hospitales durante emergencias obstétricas por el riesgo de ser denunciadas. Esto no solo limita el acceso a la atención médica básica, sino que crea una cultura del miedo donde la maternidad deja de ser una elección y se convierte en una condena.
El Salvador incumple estándares internacionales de derechos humanos al mantener esta legislación. La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ya ha instado al país a revisar sus leyes. Sin embargo, los avances son mínimos y las sentencias absolutorias, excepcionales.
El caso de Beatriz, cuya vida estuvo en riesgo por un embarazo inviable, se ha convertido en un nuevo símbolo de esta lucha. La Corte Interamericana tiene la oportunidad de establecer un precedente que obligue a El Salvador a cambiar su legislación. Si bien el camino será largo, la presión internacional puede abrir grietas en un sistema legal que hoy se erige como una de las mayores barreras contra la autonomía de las mujeres.
El aborto no es solo un tema moral o religioso; es una cuestión de justicia social, salud pública y derechos humanos. Mientras no se reconozca así, las mujeres salvadoreñas seguirán pagando con sus vidas, su libertad y su dignidad las consecuencias de una prohibición injusta.
Garantizar un aborto seguro y legal no significa imponerlo, sino dar a las mujeres la posibilidad de decidir. Negar este derecho equivale a tratarlas como ciudadanas de segunda clase, incapaces de ejercer autonomía sobre sus propios cuerpos.
El Salvador no está condenado a permanecer en esta situación. La presión de los movimientos feministas, las sentencias internacionales y la evidencia científica muestran que el cambio es posible. Lo que falta es voluntad política para escuchar a las mujeres y reconocer que el derecho a decidir es, en esencia, el derecho a vivir con dignidad, tenemos que seguir luchando como sociedad, nuestra voz no será silenciada.
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